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Estambul.— El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, declaró ayer el estado de emergencia en medio de una purga contra miles de miembros de las fuerzas de seguridad, el poder judicial, el servicio público y el mundo académico tras un fallido intento de golpe de Estado. También dijo que la pena de muerte podría ser reinstalada en el país pese al rechazo de la Unión Europea (UE).
“Esta medida no es en absoluto contra la democracia, el estado de derecho y la libertad. Por el contrario, tiene el propósito de fortalecer y proteger esos valores”, dijo Erdogan al anunciar la decisión, que otorga al Ejecutivo islamista amplios poderes.
El jefe de Estado turco también intentó calmar a los mercados y a los inversores, al afirmar que las reformas continuarán. “No va a haber problemas de liquidez”, dijo. El último estado de excepción en Turquía fue levantado en 2002. En varias áreas del sureste del país ese régimen se prolongó por hasta 15 años.
El presidente invocó el artículo 120 de la Constitución turca, que permite gobernar mediante decretos-ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios. Erdogan recordó que el golpe costó la vida a 240 personas (aparte de 24 soldados golpistas) y dejó más mil 500 heridos. “Ha llegado un momento histórico para decir ‘basta’”, dijo Erdogan tras recordar asonadas como la de 1960 y 1980.
El mandatario anunció el estado de emergencia tras presidir sendas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad y del Consejo de Ministros. El periodo de emergencia se aprovechará, según el jefe de Estado, para neutralizar a las redes de simpatizantes del predicador Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, al que Ankara considera responsable del golpe. Erdogan subrayó que “detrás de Gülen hay una mente superior” que habría planificado la asonada, aunque no aclaró a quién se refería.
El mandatario reiteró que “es necesario continuar con la limpieza” en la administración para erradicar “el virus” golpista. La cofradía de Gülen actuó como fuerza de choque del partido AKP, fundado por Erdogan y en el gobierno desde 2002, y desde la Policía y Judicatura infligió derrotas judiciales decisivas al poderoso estamento militar.
Desde la mañana siguiente al golpe abortado, las purgas han llevado al arresto de 10 mil 937 personas, según anunció Erdogan en Al Jazeera, además de motivar la suspensión de empleo de más de 55 mil funcionarios y docentes, bajo sospecha de simpatizar con la cofradía. Han sido apartados de sus cargos 2 mil 843 jueces y fiscales, de los que 979 han sido arrestados, a lo que se añade la suspensión de 262 jueces militares y miles de funcionarios de todos los niveles de la administración. El Ministerio de Educación ha suspendido de empleo a 21 mil 738 empleados, además de retirar la licencia a 21 mil 683 docentes de la enseñanza privada y de cerrar a 626 instituciones educativas, la gran mayoría colegios privados.
Los empleados universitarios tienen prohibido abandonar el país y los rectores tienen hasta el 5 de agosto para informar de las eventuales simpatías por los gülenistas que pudieran albergar los trabajadores de sus instituciones.
El alcalde de Estambul, Kadir Topbas, incluso anunció la creación de un cementerio especial para los golpistas muertos, en el que los visitantes “puedan maldecirlos” para que no “puedan descansar en paz”.
Sobre la pena de muerte, Erdogan dijo que si el Parlamento la reinstala, será reintroducida. Frente a las críticas europeas, recordó que países como Estados Unidos la tienen.
En Washington, el secretario estadounidense de Estado, John Kerry, dijo que no ha habido contacto con el clérigo Gülen, cuya extradición busca Turquía, y subrayó que sólo se discutirá este asunto si aparecen claramente hechos que lo involucren en la intentona golpista. Por ello, pidió a sus contrapartes turcas: “No nos envíen alegaciones; envíennos evidencia”.
