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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron preocupación por la represión de fuerzas del orden y grupos irregulares contra la población civil y periodistas en Venezuela.
El posicionamiento de la CIDH respondió a los hechos de violencia que se registraron la semana pasada en Caracas en el marco de una protesta espontánea debido a la situación de desabastecimiento de alimentos que vive el país.
La Comisión instó a las autoridades competentes a investigar el posible uso abusivo de la fuerza, y llamó al gobierno de Venezuela a garantizar y proteger la integridad física y seguridad de los manifestantes y periodistas durante este tipo de actos.
Los hechos se registraron el jueves pasado luego que las autoridades destinaron a los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución los alimentos de un almacén en el centro de la ciudad, donde cientos de personas habían estado esperando por horas su turno para comprarlos.
Los manifestantes bloquearon algunas vías del centro de la capital venezolana, en respuesta a lo cual miembros de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar la protesta.
La CIDH dijo haber recibido información de que varios periodistas que estaban cubriendo la protesta habrían sido golpeados, amenazados y despojados de equipos de trabajo como cámaras y teléfonos móviles.
“Estas acciones habrían sido realizadas por civiles armados que serían partidarios del gobierno y estaban en la zona para dispersar a los manifestantes”, indicó la comisión.
Hizo notar que en ningún momento los miembros de la fuerza pública ahí presentes llevaron a cabo acciones para proteger a los periodistas de estos ataques que dejaron un saldo de 19 comunicadores afectados.
Los hechos se produjeron en el marco de la declaración del estado de excepción y de emergencia económica decretado por el presidente Nicolás Maduro y sobre el cual la CIDH ha manifestado su preocupación.
La comisión instó a Maduro a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad, “así como el derecho de reunión y libertad de expresión de todas las personas bajo su jurisdicción”.
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