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Los estudiantes chilenos continuarán sus protestas hasta que se materialice una reforma educativa que ponga fin al sistema de mercado construido durante la dictadura de Augusto Pinochet. Pero, además, los jóvenes reclaman un debate de cara a la ciudadanía y no uno “entre cuatro paredes”, asegura, en entrevista con EL UNIVERSAL, Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).
¿Por qué los estudiantes están protestando hoy en Chile?
—Los estudiantes, junto a múltiples actores del mundo educativo, llevamos más de una década movilizándonos para cambiar el sistema educacional de mercado construido durante la dictadura cívico-militar de Pinochet.
Tras las masivas protestas de 2011, en las que planteamos la necesidad de garantizar el derecho social a la educación a través de un sistema público, gratuito y de calidad, el nuevo gobierno de Bachelet anunció la realización de una reforma educativa que, ya estando el gobierno en su recta final, aún no se ha materializado. Lo que hoy conocemos respecto a la reforma a la educación superior va en la línea de la realización de una nueva regulación y un reordenamiento del mercado de la educación superior, y no apuesta a reconstruir el sistema público de educación que lleva décadas en un lento pero constante desangre.
¿Qué cambió desde 2011?
—Un gran factor de cambio en relación a 2011 es que el gobierno hoy electo planteó durante su campaña las banderas propuestas por el movimiento social por la educación, pero éstas no se han materializado.
¿Por qué no?
—Se legisló en torno a la educación escolar de una forma tal que terminó por entregar mayores subsidios a los colegios particulares subvencionados, y las modificaciones a la política profesional docente fueron rechazadas por la mayoría de los profesores.
Desde el nivel universitario hemos sido capaces de pasar de la crítica a las propuestas para construir la educación que queremos y nuestra organización se ha fortalecido: hoy la movilización tiene más fuerza que nunca al interior de las instituciones de educación superior privadas que concentran la mayor parte de la matrícula y tenemos todas nuestras energías orientadas a cambiar la lógica de mercado que se ha reproducido en educación superior durante 30 años de políticas neoliberales.
¿Cuál es el rol del Ministerio de Educación?
—El Ministerio de Educación ha sido una contraparte compleja para hacer avanzar los objetivos que nos hemos planteado en la reforma. Durante el año pasado mantuvimos un constante diálogo en el que transmitimos nuestras propuestas y los puntos centrales que no pueden faltar en la reforma, pero en los borradores que hemos recibido nuestras ideas no se han visto reflejadas.
Sin embargo, está trabajando en una reforma.
—El Ministerio ha preferido trabajar entre cuatro paredes los contenidos que finalmente se incluirán en la reforma, en lugar de hacerlo de cara a una ciudadanía que está expectante. Ha existido un retraso permanente respecto al proyecto de ley que se prometió para los primeros días del gobierno; sin embargo, recién en las próximas semanas ingresaría al Congreso y como CONFECh esperamos que se nos presente de forma previa a su ingreso al legislativo.
¿Cuáles son los planes para esta semana?
—Como CONFECh comenzamos una ofensiva para incidir en la Reforma a la Educación Superior que está próxima a presentarse al Congreso Nacional, y en ese sentido convocamos a una paralización nacional indefinida de las universidades a la que ya se han plegado alrededor de 20 instituciones, y tendremos una nueva marcha nacional el día jueves 9 de junio, que esperamos muestre una vez más la masividad que ha tenido este movimiento de forma ininterrumpida durante los últimos cinco años.
A la vez presentamos una lista de los elementos que consideramos centrales para la reforma, como son el fortalecimiento de las instituciones públicas, la generación de un nuevo marco regulatorio que impida realmente el lucro con los recursos que la sociedad destina a educación, un nuevo sistema de financiamiento que acabe con el endeudamiento estudiantil para estudiar, y plantee a la gratuidad como una política universal que además redestine sus recursos hacia las instituciones públicas. Buscamos acabar con las universidades que estafan a sus estudiantes y queremos que el Estado pueda hacerse cargo de esas realidades.
