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Ciudad del Vaticano.— En un nuevo avance hacia la política de “tolerancia cero” a los abusos sexuales por parte de sacerdotes contra menores, el papa Francisco publicó ayer una ley que autoriza separar del cargo a obispos negligentes o que encubran este tipo de casos.
La Santa Sede publicó el motu proprio (documento papal) “Como una madre amorosa”, con el que se concretan los artículos del Código de Derecho Canónico en los que se estipula la posibilidad de expulsar a un eclesiástico por “causas graves”. Aunque esa posibilidad ya existía, lo que hizo el Pontífice fue aclarar que “entre las denominadas causas graves se incluye la negligencia de los obispos” en los casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables.
El motu proprio consta de cinco artículos y en el primero de ellos se señala que aquellos con responsabilidad en la Iglesia “pueden ser legítimamente retirados de su cargo si, por negligencia, han puesto u omitido acciones que hayan provocado daños a otros”. Estos daños pueden referirse a personas físicas o a la propia comunidad y el perjuicio podrá ser “físico, moral, espiritual o patrimonial”.
El obispo podrá ser retirado únicamente si ha fallado objetivamente de manera “muy grave” a sus responsabilidades, pero, en el caso de que se trate de abuso a menores, “es suficiente que el fallo sea ‘grave’”, lo que implica un endurecimiento normativo.
Para definir si un obispo es separado o no del cargo, las congregaciones competentes de la Curia Romana tendrán que iniciar una investigación y el acusado tendrá derecho de defenderse.
El anuncio se produjo el mismo día en que culminó la cumbre en el Vaticano con juristas de diferentes países —México incluido—, con la firma de un decálogo de objetivos que reconoce la trata de personas como un crimen de lesa humanidad, junto con el trabajo forzoso y la prostitución. Los suscriptores del documento, incluyendo el jefe de la Iglesia católica, abogaron por “proporcionar un apoyo adecuado a las víctimas que incluya asistencia civil y legal, protección segura de testigos”, y subraya que “la sanción de los clientes de servicios sexuales debe constituir parte integral de la legislación para una eficaz lucha contra la esclavitud y la trata”.
