Anoche, y tras una larga jornada de debate, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó por consenso una declaración en la que los países miembros hacen un ofrecimiento a Venezuela “a fin de identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente” entre los actores políticos y sociales del país “para preservar la paz y la seguridad en Venezuela con pleno respeto a su soberanía”.
La declaración respalda también la iniciativa de los ex presidentes de España, República Dominicana, y Panamá de reabrir el diálogo entre el gobierno y la oposición, “con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica” del país, “que conduzcan con apego a la constitución y pleno respeto de los derechos humanos de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la consolidación de la democrática representativa”.
La iniciativa es alternativa a la invocatoria que hizo hace dos días atrás el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de la Carta Democrática Interamericana para evaluar si hay una ruptura constitucional en Venezuela, determinar si suspende a Caracas de participar en el máximo foro hemisférico y se le castiga. Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL señalan que la medida sería un recurso diplomático para impedir que el diálogo y la negociación sobre la crisis venezolana quede bajo el exclusivo control y protagonismo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Almagro movió una ficha diplomática, a sabiendas de que, por el apoyo incondicional de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador a Venezuela, será difícil y casi imposible reunir los votos de al menos 23 de los 34 miembros de la OEA para aplicar la Carta y suspender al gobierno chavista o los 18 para abrir el complicado proceso que revise el comportamiento del régimen venezolano.
Repudiada en el chavismo y bienvenida en el antichavismo, la maniobra pretende balancear el futuro de las gestiones políticas internacionales en Venezuela. Almagro convocó el 31 de mayo al Consejo Permanente de la OEA para evaluar la “alteración del orden constitucional” en Venezuela y su impacto en el “orden democrático”, y presentó un informe sobre lo que expuso como violaciones del chavismo a la democracia.
El secretario general lanzó una gestión para insertar a la OEA en el embrión de diálogo oficialistas opositores, impulsado por UNASUR, ente de 12 miembros que, sin ser continental y solo es regional, opera sin presencia de Estados Unidos y con fuerte influencia de Ecuador y Bolivia, estrechos aliados del chavismo y su política anti-Washington.
“La idea es evitar que todos los huevos de la negociación estén solo en la misma canasta de UNASUR”, dijo un ex presidente latinoamericano que, familiarizado con la negociación, habló con EL UNIVERSAL bajo reserva de anonimato.
Al abrigo de UNASUR y de su secretario general, el ex presidente Ernesto Samper, de Colombia, y con la mediación de tres ex mandatarios —el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Fernández—, emisarios del régimen chavista que gobierna hace más de 17 años y de la oposición antichavista que desde enero pasado domina la Asamblea Nacional, coincidieron por separado en República Dominicana el 27 y el 28 de mayo anteriores.
Aunque las partes evitaron sentarse cara a cara, aceptaron dialogar en suelo dominicano —cada una por aparte— con los ex gobernantes, que buscan un arreglo a la grave crisis que sacude a Venezuela de violentas tensiones políticas, inflación de tres dígitos, agobio sanitario, inseguridad, colapso productivo y desabasto de medicinas, alimentos y artículos básicos. En un pedido que el chavismo descartó, la oposición exige que en 2016 haya un referendo decidir si el mandato del presidente Nicolás Maduro, que debe concluir en enero de 2019, es revocado.
En su informe, Almagro adujo que el apoyo que el Consejo “debería dar” a la diligencia de UNASUR “podría estar en sumar” dos o tres ex presidentes más, como los españoles José María Aznar y Felipe González, el uruguayo Luis Lacalle, el colombiano Andrés Pastrana, el chileno Sebastián Piñera o el boliviano Jorge Quiroga. “La coordinación” de la Secretaría General de la OEA con UNASUR “es entonces imprescindible” para que el foro continental “se pueda sumar a esas gestiones”, alegó.
Por eso es que Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a la oposición, afirmó que para que “sigan avanzando” las gestiones de los ex presidentes con UNASUR, “es fundamental que la presión desde la OEA se mantenga e incremente”.
En esa misma sintonía, Almagro escribió que la coordinación OEA-UNASUR fortalecería la solución de tres puntos clave: fecha de referendo, crisis humanitaria y libertad de presos políticos.