El debate sobre un mayor control de armas vuelve a Estados Unidos con cada matanza. Tras San Bernardino (14 víctimas en diciembre de 2015), el presidente Barack Obama intentó endurecer en el Congreso el control de las ventas, pero los republicanos, cercanos a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), lo impidieron.
Obama impuso las regulaciones mediante mandato presidencial, pero son muy limitadas (principalmente, más controles en ferias de armas y por internet); sin embargo, los republicanos han anunciado que las anularán cuando lleguen a la Casa Blanca.
“A pesar del aparente bloqueo en este tema, la corriente popular para regular las armas es más potente que nunca”, explica Eric Ruben, experto del Brennan Center for Justice: “Si este movimiento prorregulación sigue creciendo, veremos cambios, aunque quizás no este año”.
Tras la masacre de Orlando, son dos las nuevas restricciones que proponen los demócratas: la prohibición federal de rifles de asalto —ilegales en varios estados— y un endurecimiento en el control para que no compren armas los sospechosos de terrorismo.
La venta y fabricación de 18 tipos de armas de asalto ya fue prohibida a escala federal entre 1994 y 2004, bajo la presidencia de Bill Clinton. Los resultados fueron discretos, según el propio Departamento de Justicia. En primer lugar porque son muy populares —sobre todo entre aficionados al tiro como deporte— y en segundo, sus defensores recuerdan que las armas de asalto están implicadas en una porción mínima de las muertes por armas de fuego (2%), aunque se utilizan en grandes tiroteos, como en Orlando, donde el agresor tenía una Sig Sauer MCX que habría estado prohibida con Clinton.
“No hay una diferencia práctica entre las ‘armas de asalto’ y lo que se considera un rifle normal”, explica Kevin Yuill, experto en control de armas y profesor de Historia Americana en la Universidad de Sunderland.
Yuill expone un argumento técnico común entre los defensores de las armas: “La única diferencia entre un ‘arma de asalto’ y un rifle es cosmética. Hacen exactamente lo mismo, pero una tiene un aspecto más amenazante. Por eso creo que los ciudadanos deberían tener la posibilidad de comprar ambas”.
Eric Ruben tiene una visión distinta: “Una prohibición federal no detendría los asesinatos masivos, pero reduciría su mortalidad. Estos agresores eligen probablemente ese tipo de armas con gran capacidad para almacenar munición porque son más rápidas y mortales. Una revisión de los tiroteos entre enero de 2009 y julio de 2015 muestra que cuando se usaron armas de asalto recibieron disparos 155% más de víctimas y murieron 47% más”. Aun así, Ruben recuerda que, efectivamente, las armas de asalto protagonizan una parte mínima de los ataques: “La mayoría son heridos por revólver. Cualquier sistema regulatorio que lo olvide quedará incompleto”.
Sobre la prohibición de comprar armas a ciudadanos que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) considere sospechosos, Yuill opone que “con ese argumento legal, a Martin Martin Luther King Jr. se le hubiera negado el derecho a tener un arma, porque el FBI lo identificaba como una amenaza”. Los defensores de las armas consideran inaceptable privar a un ciudadano de un derecho constitucional por una suposición que puede ser errónea.
Desmarcándose una vez más de la ortodoxia republicana, el aspirante presidencial republicano Donald Trump anunció esta semana que se reunirá con la NRA para proponer restringir el acceso a las armas a personas que estén siendo investigadas como sospechosos de terrorismo o que tengan prohibido volar.
La NRA, uno de los lobbies más poderosos del país (y que declinó responder a las preguntas de EL UNIVERSAL), respondió a Trump mediante un comunicado que la venta a sospechosos no debe quedar prohibida sino “pospuesta” 72 horas, hasta que el FBI determine la amenaza que suponen. De nuevo, su objetivo es no violar los derechos constitucionales “de los que están en las listas por error”.