Caracas.— El chavismo arreció ayer su cerco a la oposición: por un lado, el ministro de Defensa, general Vladimiro Padrino, acusó al jefe de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, de ofender a la Fuerza Armada y advirtió que podría ser demandado por cargos que contemplan hasta ocho años de cárcel. Por el otro, el Consejo Legislativo del estado de Miranda pidió a la fiscalía investigar al gobernador Henrique Capriles por supuestamente “instigar a la violencia”.
Padrino difundió una declaración en la que reaccionó a recientes declaraciones de Ramos sobre el desempeño de la Fuerza Armada en las protestas en reclamo de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro y por falta de alimentos, que han dejado unos cuatro muertos. Ramos dijo que es “un asco” el que el cuerpo militar no defienda a los venezolanos, luego de que legisladores fueran golpeados frente a una sede del Poder Electoral en Caracas que era custodiada por el general Fabio Zavares, quien fue denunciado ante la fiscalía.
Padrino dijo que “la inescrupulosa y ofensiva actitud” de Ramos representa “un ultraje; una grotesca agresión moral contra quienes día a día defienden a su país asumiendo enormes riesgos” y subrayó que las ofensas del jefe de la Asamblea están contempladas como delito en el código orgánico de justicia militar, que prevé penas de hasta ocho años de cárcel a quien “injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas nacionales o algunas de sus unidades”. Tras llamar a la “prudencia, la sensatez”, dijo que la institución se reserva el derecho a ejercer las acciones penales que correspondan.
En cuanto a Capriles, la presidenta del Consejo Legislativo de Miranda, la chavista Aurora Morales, dijo que solicitó a la fiscalía realizar “una exhaustiva investigación, donde hemos aportado los elementos gráficos y documentales de lo que es esa instigación de la violencia” de la que acusa al gobernador estatal.
Por su parte, Maduro dijo que solicitará “a los órganos correspondientes” de España investigar una supuesta financiación ilegal por parte de “factores” del poder político, financiero y mediático del país europeo a la “derecha corrupta venezolana”, como llama a la oposición.
