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Con más de 300 millones de armas de fuego en circulación nacional y una de las leyes más laxas para la compra de rifles de asalto, legisladores demócratas revivieron hoy una iniciativa de ley para limitar su compra, a raíz de la matanza de Orlando.
Aunque el presidente Barack Obama ha apoyado acciones similares tras las tragedias de Sandy Hook, París y San Bernardino, las iniciativas de ley se han enfrentado con la oposición de la mayoría republicana del Congreso y de la combativa Asociación Nacional del Rifle (NRA).
“¿Vamos a agachar la cabeza ante la NRA para que terroristas sospechosos pongan sus manos en las armas? ¿O vamos a tomar las medidas de sentido común y asegurarnos que los terroristas no puedan obtener armas?”, señaló uno de sus promotores, el senador de Nueva York, Charles Schumer.
Más de 33 mil personas mueren anualmente en Estados Unidos a raíz de las armas de fuego, de las cuales más de 21 mil ocurren a raíz de suicidios, unas 11 mil por homicidios dolosos y el resto por muertes accidentales.
Desde 1994 la Ley Brady impuso un periodo de espera de cinco días para que un vendedor, comerciante o exportador pueda vender un arma de fuego, para determinar si el comprador no tiene impedimentos por razones criminales o mentales. No aplica en ferias o mercados ambulantes.
La Ley Brady fue aprobada después de años de cabildeo en honor de James Brady, el portavoz del expresidente Ronald Reagan, quien fue herido durante el intento de asesinato contra el presidente republicano, ocurrido el 30 de marzo del 1981.
Pero bajo el argumento de que cualquier iniciativa de control de armas viola el espíritu de la Segunda Enmienda Constitucional, que consagra la protección de armas, tanto la NRA como una mayoría de los republicanos se han opuesto a la aprobación de nuevas regulaciones.
En 2004 el entonces presidente George W. Bush dejó expirar la Prohibición de Armas de Asalto que había sido promulgada 10 años antes por el presidente Bill Clinton, y que convirtió en ilegal la manufactura de armas de estilo militar en Estados Unidos.
Aunque más de dos mil de esas armas fueron contrabandeadas a México dentro de la polémica operación “Rápido y Furioso”, y muchas más han sido utilizadas en matanzas en Estados Unidos, siendo el AR-15 el arma favorita de los atacantes, el Congreso no ha restablecido la prohibición.
La iniciativa de ley resucitada por los senadores demócratas había sido de hecho rechazada el año pasado por 53 de los 54 senadores republicanos.
Las propuestas prohibirían la compra de armas o explosivos a aquellas personas incluidas en las listas de monitoreo terrorista y que actualmente tienen prohibido abordar vuelos comerciales.
Los opositores a las propuestas argumentan que tales iniciativas no habrían impedido muchas de las matanzas, toda vez que éstas fueron cometidas por personas que adquirieron las armas de manera legal y no estaban incluidas en listas antiterroristas.
Ante la ausencia de acciones en el Congreso, el presidente Barack Obama anunció en enero pasado órdenes ejecutivas para clarificar quiénes deben ser considerados vendedores de armas de fuego, a fin de que conduzcan la revisión de antecedentes criminales en la mayoría de las ventas.
Bajo sus acciones ejecutivas, las personas que venden armas de fuego deberán obtener una licencia, incluidas en ferias ambulantes; asimismo los comerciantes deberán verificar los antecedentes penales de quienes buscan adquirir armas de fuego.
Obama anunció además la contratación de 200 agentes adicionales para la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la solicitud de 500 millones de dólares para ampliar la atención médica a quienes sufren padecimientos mentales.
La Casa Blanca activó además una iniciativa del gobierno federal para el desarrollo de mejores tecnologías para la seguridad de armas.
Encuestas muestran que una mayoría de la población estadounidense se inclina hacia la posición de Obama de mayores regulaciones, aunque la proporción ha caído en las últimas décadas.
Un 55 por ciento de los estadounidenses apoyó el año pasado hacer más estrictas las regulaciones para el control de armas y un número mayor de personas está en desacuerdo en que el país se quede de manos cruzadas en el tema de la violencia de las armas, según un sondeo Gallup.
Una mayoría de los estadounidenses se opone sin embargo a cualquier ley que contemple prohibir la compra de revólveres para la población en general.
msl
