La Fiscalía general de Guatemala dijo que acusó de asociación ilícita y lavado de dinero a cinco ex ministros del encarcelado ex presidente Otto Pérez Molina, entre ellos a los titulares de Defensa y Gobernación, tras una investigación de más de un año.
De acuerdo a la Fiscalía, los ex ministros entregaron dinero en efectivo por un total de 4.5 millones de dólares a Juan Carlos Monzón, secretario particular de la también presa ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Con el dinero, Monzón adquirió un helicóptero, una lancha y una casa de playa para Pérez Molina y una casa de playa en Roatán, Honduras, para Baldetti.
Iván Velázquez, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -organismo respaldado por Naciones Unidas-, dijo que los ex funcionarios no habrían podido juntar esa cantidad de dinero con sus sueldos y que los ex funcionarios habrían recibido dinero de empresarios favorecidos con contratos estatales.
"Tenemos la certeza de la procedencia ilícita del dinero (...) El hecho de hacer aportes en efectivo revela que se pretende no dejar rastro y es una típica conducta de lavado de dinero", explicó Velásquez en una conferencia de prensa conjunta con la fiscal general, Thelma Aldana, y el ministro de Gobernación, Francisco Rivas.
Dos de los acusados, el ex ministro de Defensa Manuel López y el ex ministro de Gobernación Mauricio López, fueron detenidos en sus domicilios en Ciudad de Guatemala, mientras que los ex titulares de Infraestructura, Alejandro Sinibaldi, y de Energía, el empresario de medios de comunicación Erick Archila, tienen orden de captura internacional en la Interpol.
Las autoridades creen que Archila se encuentra en Estados Unidos. En tanto, el primer ex ministro de Defensa de Pérez Molina, Ulises Anzuelo -también buscado por la justicia-, está en Guatemala, pero no aún no ha sido detenido.
Pérez Molina y Baldetti se encuentran en prisión preventiva desde septiembre del año pasado mientras enfrentan un proceso judicial por un caso de defraudación aduanera que los obligó a renunciar, en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país centroamericano.
A inicios de junio, la Fiscalía acusó a Pérez Molina de negociar cientos de sobornos por contratos públicos y ordenó el arresto de al menos 50 personas, incluyendo a políticos y destacados empresarios que habrían participado en el masivo esquema de corrupción.
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