El presidente Nicolás Maduro aseguró que el partido oficialista pedirá investigar judicialmente a la oposición por haber presentado más de 600 mil firmas falsas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para eventualmente activar un proceso para revocar su mandato.
El CNE consideró válidas 1 millón 352 mil 052 rúbricas reunidas por la oposición, pero descartó otras 605 mil 727 por no cumplir con los requisitos ya que los datos de los ciudadanos estaban equivocados, los electores ya habían fallecido o se presentaron números de cédulas con identidades inexistentes, entre otras razones.
En opinión de Maduro, "es muy grave que los políticos de la derecha hayan presentado al poder electoral un paquete podrido con 600 mil firmas" a las que denominó "chimbas" o falsas, y sostuvo que dicha acción "acarrea sanciones jurídicas, penales y administrativas".
El mandatario precisó que el oficialista Partido Socialista Unido, en cabeza del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, procederá desde el próximo lunes a "demandar en todas las regiones judicialmente a los proponentes del referéndum por falsificar sus firmas".
"¡A la carga jurídica! ¡A la carga legal! ¡A la carga constitucional! ¡A la carga institucional!", exclamó Maduro.
La oposición ha expresado sus sospechas respecto a la invalidación de las firmas. Sus líderes opinan que se trata de un acto amañando del CNE, que está captado por el gobierno del presidente Maduro.
Entre el 20 y 24 de junio, los más de 1,3 millones de venezolanos a quienes les fueron validadas sus firmas tendrán que ratificarlas en los 24 centros de votación que habilitará el CNE.
Tras esta primera fase, la oposición venezolana tendrá que recolectar más de cuatro millones de firmas para activar formalmente la consulta popular contra el mandato de Maduro, que normalmente debería extenderse hasta 2018.
En la jornada, diferentes líderes de la oposición calcularon que a finales de octubre o principios de noviembre de 2016 se celebrará el revocatorio contra el presidente.
Sin embargo, Maduro les contestó que, de cumplirse las exigencias para activarlo, "el referéndum será el próximo año (2017) y si no cumplen los requisitos no habrá referéndum... y el país debe acoger esa decisión".
El proceso se da en un momento en el cual Venezuela sufre una profunda crisis económica por cuenta de los bajos precios del petróleo, una tasa inflacionaria disparada y una grave escasez de alimentos y medicinas.
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