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“Como ciudadanos, permanentemente somos testigos de episodios de acoso o abuso de los cuales resultan ser víctimas mujeres al momento que viajan en el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires”, explicó la legisladora Graciela Ocaña (del partido de centro Confianza Pública), que esta semana presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Buenos Aires para crear vagones en el Metro de uso exclusivo para las mujeres y evitar el acoso. “Como mujeres, sabemos que esta es una problemática que nos afecta a todas por igual, y que en cualquier momento podemos sufrir estas situaciones”.
La propuesta de Ocaña se basa en los antecedentes de Brasil, México, Egipto, Malasia, Tailandia, India, Rusia y Japón; y es la primera en su tipo en la Argentina, un país donde no hay todavía sectores diferenciados en el transporte público. El proyecto plantea que los vagones exclusivos para mujeres en los trenes del subterráneo funcionen durante los horarios pico, de 7 a 10 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde.
Las estadísticas de la Policía Metropolitana de Buenos Aires dicen que en 2015 hubo 17 denuncias de abuso sexual en el Metro y 15 detenciones. En octubre de ese año, un hombre eyaculó sobre una mujer en un vagón de Metro: fue detenido y acusado del delito de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros (una contravención con multa de hasta 15.000 pesos; es decir, unos mil dólares) y del de abuso sexual simple, con penas de seis meses a cuatro años de prisión. Luego, el caso llevó a la Legislatura de Buenos Aires a fijar el 2 de octubre como Día de Lucha contra el Acoso Sexual Callejero en la Ciudad.
En lo que va de 2016, las cifras aumentaron a 15 denuncias y 17 detenidos, y un estudio de la Fundación Thomson Reuters indica que ocupa el sexto puesto entre las ciudades más peligrosas para las mujeres que viajan en trenes, Metro o autobús. La Ciudad de México encabeza el ranking.
“Considero que si bien todos, hombres y mujeres, tenemos derecho a viajar de forma segura en el transporte público, y que son absolutamente repudiables las agresiones perpetradas, la gravedad de la situación requiere tomar medidas drásticas que otorguen mayor comodidad y seguridad a las pasajeras mujeres, priorizando su bienestar”, explicó Ocaña en los fundamentos de su propuesta.
El proyecto no fue recibido con demasiado apoyo. “No estoy de acuerdo: hay una cuestión cultural que hay que trabajar de raíz”, dijo el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. “Hay que participar de campañas de concientización en las cuales todos nos involucremos. Decir que ese problema a uno no lo toca no es así porque mañana le puede pasar a tu mujer o tu hija. Si no, tendríamos que hacer colectivos [autobuses] especiales para mujeres también porque en ese transporte viaja mucha más gente [que en el Metro]”. Pero el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que el proyecto merece ser estudiado. “Seguramente vamos a coordinar con el gobierno nacional para tener una opinión única, no quiero adelantar una posición”, explicó. Por su lado, Juan Pablo Piccardo, presidente de Subterráneos de Buenos Aires (una sociedad del Estado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que es la propietaria legal de toda la red de Metro) dijo que el proyecto no ataca los problemas de fondo: “Separando y segregando a la mujer no hacemos nada. Es un mensaje de retroceso. Hay que concientizar”.
“Sabemos que la solución a esta problemática no se logra de un día para el otro y que se requiere de un trabajo profundo para frenar estos episodios”, explicó Ocaña en un comunicado. “Sin embargo, y si bien entiendo que la situación requiere de un abordaje integral, creemos que la iniciativa puede ser implementada en nuestra ciudad”.
La propuesta llega luego de una marcha masiva con la consigna “Ni una menos” en el centro de la ciudad, el viernes pasado, contra la violencia de género, a un año de la primera –que había convocado a 150 mil personas– y en protesta por los 275 femicidios del último año. Además, el Senado aprobó anteayer por unanimidad un proyecto de ley que declara la “emergencia pública por violencia de género” en todo el país. La iniciativa propone la reasignación de presupuesto para todas las medidas de prevención necesarias; la capacitación de operadores de salud y funcionarios judiciales, policiales y administrativos; y la asignación de una ayuda económica equivalente a un salario mínimo para mujeres en situación de violencia de género.
