El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió ayer el mandato del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por considerar que utilizó el cargo para dificultar las investigaciones que lo implican en la trama de corrupción en Petrobras.
Siete de los 11 magistrados que integran la más alta corte del país avalaron la decisión tomada más temprano por el juez Teori Zavascki, quien acogió un pedido de suspensión realizado por el fiscal general, Rodrigo Janot. El fiscal acusó a Cunha de “intimidar a parlamentarios, procesados, colaboradores, abogados y agentes públicos con el fin de dificultar las investigaciones” de las que es objeto en el marco de la operación “Lava Jato” de la policía federal, que trata del gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras.
Cunha fue quien acogió en diciembre y condujo en abril el proceso con miras a destituir a la presidenta Dilma Rousseff. El legislador evangélico ya está procesado por el Supremo en una acción penal que lo vincula a la red ilegal que operó en Petrobras. Se sospecha que recibió unos 5 millones de dólares en sobornos para facilitar a empresas la obtención de contratos con el ente estatal. Además, enfrenta un proceso de impugnación de su mandato por haber ocultado a sus colegas parlamentarios que tenía cuentas secretas en Suiza, aparentemente con dinero desviado de Petrobras.
En tanto, la presidenta Dilma acusó a su vicepresidente, Michel Temer, quien asumiría si ella es depuesta por juicio político, de querer gobernar sin el aval de las urnas para aplicar recortes sociales impopulares.
“No tienen votos para hacer que la población brasileña engulla las políticas que ellos quieren. Por eso están haciendo una elección indirecta en la que el pueblo no participa travestida de impeachment (juicio político)”, dijo la mandataria, cuya defensa intentó ayer convencer a la comisión de senadores que evalúa si pasar al pleno la votación sobre el juicio político de que éste carece de bases legales.