Como en una imagen digna del Medioevo, una decena de personas inválidas se colgó ayer, con sus sillas de ruedas, de un puente peatonal y de un árbol en La Paz y en Sucre, dos ciudades de Bolivia. En el aire, el contorno de los colgados dejaba ver una triste performance a la que llegaron luego de 37 días de protesta pidiendo cobrar un bono mensual de unos 72 dólares, aunque el gobierno de Evo Morales explicó que ese pago es inviable por razones de austeridad: la caída de los precios de los combustibles ajustó el cinturón de los bolivianos. “Fueron jornadas de marcha, de lucha, de caravanas y de represión policial”, dice Moisés Choque, dirigente de los discapacitados del sur del país. Choque, que le debe su discapacidad físico-motora de un 54 por ciento a un accidente de tránsito, trabaja con su padre en una granja de pollos en el Valle de la Concepción, en Tarija –cerca de la frontera con Argentina– y tiene dos hijos.
“El momento más duro de la marcha es cuando el clima se siente”, dice Choque. “Hace mucho frío en La Paz y a la gente en silla de ruedas todo esto lo afecta en los huesos. Aparte, los policías nos echan agua, pero nosotros seguimos firmes porque queremos que nos reciba el presidente”. Choque, que marcha con la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad (CoBoPDi), dice que se movilizaron unas 500 personas de nueve departamentos para llegar a La Paz.
Pero el viernes pasado las autoridades firmaron un acuerdo con otro sector de discapacitados, donde se incluye una oferta de planes de incorporación laboral y de capacitación. “Nos quieren fraccionar en grupos pequeños”, se queja Choque. El gobierno intentó finalizar el conflicto con ese acuerdo, pero los discapacitados que ahora están movilizados lo rechazaron, y dicen que quienes lo aceptaron no tienen representación.
Desde la semana pasada, la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad mantiene una vigilia en la capital, adonde llegó luego de marchar más de 300 kilómetros desde la ciudad de Cochabamba, en silla de ruedas o con muletas. A la vez, varias personas paralizaron el tráfico tendiendo sobre el suelo a sus hijos con problemas mentales o parálisis. “En Bolivia somos 50 mil personas con carnet de discapacidad, pero en verdad hay 85 mil”, sigue Choque.
Para el analista económico Jimmy Osorio, “este es un sector vulnerable y, por la calidad de vida que tenemos en un país subdesarrollado, tenemos algún tipo de discapacitado en todas las familias bolivianas”.
Osorio explica que el Estado boliviano no puede dar respuesta a tantos padecimientos. “Aquí vivimos estas cosas muy de cerca”, se lamenta. Mientras tanto, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, dijo en rueda de prensa que el gobierno no dialogará de forma directa con los movilizados, y pidió a la oposición que no politice el conflicto.