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Venezuela acusó ayer al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de incurrir en la ilegalidad por el informe que elabora sobre la situación actual en la nación sudamericana sin que ninguna instancia del organismo multilateral se lo haya encargado.
“Ese informe no está autorizado por nadie”, dijo Bernardo Álvarez, embajador venezolano ante la OEA. “Invocar la Carta [Democrática Interamericana] no es una decisión que se le puede ocurrir a él [Almagro]”, añadió, un día después de que el secretario general de la OEA tuiteara que en los próximos días presentará un informe sobre la situación humanitaria, de derechos humanos, institucional y de gestión pública en Venezuela y que entonces definirá si se requiere convocar al Consejo Permanente para evaluar si se aplica la Carta, que implica suspender a un país que sufre una alteración del orden constitucional.
Miles de trabajadores y estudiantes afines al gobierno de Nicolás Maduro marcharon ayer en Caracas para respaldar al presidente y los logros de la revolución bolivariana. “Hoy vamos a salir en defensa de la educación pública, de los beneficios, de los derechos sociales que ha dado a la población en general la revolución bolivariana”, dijo a la televisión estatal VTV Telémaco Figueroa, coordinador de la Federación de Trabajadores Universitarios. La marcha coincidió con una convocada por los líderes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la más importante del país, críticos con el gobierno y que denuncian una crisis universitaria que les pone en riesgo de cierre.
En tanto, Henry Ramos, presidente del Parlamento venezolano, dominado por la oposición, advirtió a las empresas transnacionales que tienen inversiones en el país o planean hacerlas que desconocerá cualquier contrato de interés nacional que no cuente previamente con su aval, pese al estado de excepción y emergencia económica que decretó Maduro este mes y que lo faculta para sellar acuerdos sin pasar por el Legislativo. Ramos advirtió que tampoco se respetará la sentencia del Tribunal Supremo según la cual cualquiera que tenga doble nacionalidad puede ejercer un cargo público. Maduro ha sido cuestionado varias veces en torno a si tiene la nacionalidad colombiana.
