El parlamento venezolano, dominado por la oposición, advirtió el jueves a las empresas transnacionales que tienen inversiones en el país o planean hacerlas que desconocerá cualquier contrato de interés nacional que no cuente previamente con su aval.
A mediados de mayo, el presidente Nicolás Maduro decretó un estado de excepción y emergencia económica que lo faculta, entre otras cosas, a sellar acuerdos sin pasar por el parlamento.
"Vamos a oficiar a todas las embajadas que los únicos contratos con validez serán los revisados por la AN (Asamblea Nacional)", dijo el presidente del congreso, Henry Ramos, un férreo opositor a Maduro.
"Contratos no aprobados por la Asamblea carecerán de vigencia en este y en el próximo Gobierno", agregó el legislador.
Ramos, citando la Constitución, argumentó que ningún decreto del Ejecutivo puede tener mayor alcance legal que la Carta Magna, que expresamente dice que todos los convenios de interés público con Estados, entidades o sociedades extranjeras, deberán ser autorizados por la Asamblea.
El diputado agregó que los diplomáticos a quienes han advertido de manera verbal sobre el riesgo de asumir acuerdos directos con el Ejecutivo han mostrado "preocupación".
"Nos preocupa lo indicado por la AN, pero más aún la falta de pago. El atraso de estos imposibilita la firma de nuevos contratos", dijo a Reuters un ejecutivo de una empresa internacional que pidió no ser identificado.
Venezuela atraviesa una profunda crisis precipitada por la caída de los precios el crudo -su principal producto de exportación- con recesión, inflación, escasez de artículos de consumo básico y una pila de deudas con socios y proveedores internacionales de materias primas y servicios.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó un acuerdo con la rusa Rosneft para desarrollar un reservorio de gas en el país, que el Legislativo advirtió que no autorizó. Además, los diputados han criticado un memorando de entendimiento firmado con la canadiense Gold Reserve para explotar un ingente reservorio de oro al sur del país.
Aunque el parlamento aún no ha obstaculizado en firme ningún convenio, el recordatorio enrarece aún más el clima de negocios del país en momentos en que empresas proveedoras de servicios petroleros negocian pagarés a cambio de deudas vencidas, y el Gobierno socialista busca nuevos socios para multiplicar sus fuentes de ingresos.
msl