La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los templos para la protección de los derechos humanos en la región, está agonizando. Así lo presenta su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, quien asegura que si en el próximo mes no se soluciona la crisis económica que atraviesa, casi el 50 por ciento del organismo desaparecerá. En entrevista con EL TIEMPO, Álvarez apunta su dedo acusador hacia los Estados, que –dice– no están comprometidos con la protección de los derechos humanos
Acaban de publicar un muy inusual comunicado en el que anuncian la crisis económica por la que atraviesa la CIDH. ¿Es así de grave?
Es prácticamente un estado de quiebra que refleja el nivel en el que los estados miembros tienen a la CIDH y que se había podido contener por las contribuciones de otros países (no de la región) a los que les importan los derechos humanos, pero que ahora han dejado a América Latina y han puesto su interés en otros lugares como Siria, Turquía y África. Los estados miembros tienen una narrativa muy comprometida con los derechos humanos, pero tienen una chequera muy pasiva. Dicen que es que no tienen dinero, pero uno se pregunta por qué estos mismos dan 13 millones a la Corte Penal Internacional -lo cual está bien- pese a que no manejan ni un solo caso en la región, pero a la CIDH le dan 200 mil dólares en un año pese a que tenemos siete mil procesos pendientes. Hay una distancia muy notable entre el discurso pro derechos humanos y el apoyo concreto.
¿Nos podría explicar la crisis en cifras específicas?
El presupuesto anual de la CIDH son unos 10 millones de dólares. Unos 4.5 millones de dólares vienen del fondo regular de la OEA, donde los fondos de la CIDH son apenas el 6 por ciento del total (fondos que aportan los estados). Y eso ya en sí es revelador. Dicen que somos prioridad, pero ese 6 por ciento no lo indica. El resto de los dineros llegan de fondos específicos que tienen tres componentes: donaciones voluntarias de los estados miembros, donaciones de los países observadores (en su mayoría europeos) y otros fondos menores de agencias y universidades para becas. Los europeos dejaron de darnos fondos y los aportes voluntarios se cayeron. De estos, Estados Unidos. pone el 90 por ciento (unos 2 millones de dólares). Lo cual es un contrasentido pues Washington no firma las convenciones americanas, sí pone plata, pero los otros Estados las firman todos, pero no ponen la plata. Necesitamos un sistema interamericano donde todos den dinero y todos firmen.
¿Cuál es el escenario si esto no se corrige pronto?
Tenemos financiación hasta el 31 de julio. Si no se hace algo, el 40 por ciento del personal (unos 30 empleados) perderían sus cargos, y tendríamos que disminuir el estudio de medidas cautelares que se expiden con carácter de urgencia, el procesamiento de casos frente a los que ya hay un retraso considerable por falta de personal, no tendríamos capacidad de viajar a los países para monitorear la situación de derechos humanos y se suspenderían las audiencias públicas previstas para julio y octubre. Lo cual dejaría sin voz a las víctimas que vienen a defender sus casos y a más de 350 organismos de la sociedad civil. Nos hace falta una cifra cercana al millón de dólares para llegar al final del año.
¿Y cómo se llegó a esta situación?
Esto lleva ya varios años y no puede seguir así. Los europeos se preguntan, por ejemplo, por qué los latinoamericanos hablan de avances y crecimiento, pero no se encargan de su sistema de Derechos Humanos. Parece que no hay interés y no es una prioridad la defensa de las víctimas en la región. Se requieren medidas concretas para sacar a la CIDH de esta condición de precariedad. Porque al final del día la comisión no es un fin, sino un medio para la protección de víctimas de violaciones de derechos humanos, para fortalecer la justicia y la democracia en el continente.
Los trapos sucios, dice el refrán, se lavan en casa. ¿Por qué en este caso han salido al público a ventilar la situación?
Porque llevamos varios llamados y no se ha hecho nada. En abril de este año hicimos los últimos tres y ningún Estado dio acuso de recibo. Y el dinero se está acabando.
¿Cómo cree que se puede solucionar esta situación?
Yo veo dos formas. La primera es que la CIDH tenga muchos más recursos del fondo regular de la OEA. Es decir, que pase del 6 al 12 por ciento. Y la segunda es que las contribuciones voluntarias lleguen. Yo entiendo que en la región hay crisis económica, decrecimiento, pero hay dinero para ciertas cosas, solo que no para los derechos humanos. Están dejando morir a la CIDH. Lo que esperamos es que este tema sea uno de los puntos centrales a tratar en la Asamblea General ahora en junio que se celebra en República Dominicana.
Desde hace años se viene hablando de los esfuerzos de algunos Estados por limitar el alcance de la CIDH. ¿Tiene esto algo que ver con la actual crisis?
Parecía como una nueva forma. En lugar de discursos políticos y frases estridentes, ahora es la asfixia económica por acción o por omisión.
