Azotado por su primera crisis de credibilidad, el nuevo Ejecutivo brasileño presentó un paquete de medidas económicas que busca reducir el aumento de la deuda pública, al tiempo que se enfrenta su primera prueba de fuego en el Parlamento.
El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, y el presidente interino, Michel Temer, anunciaron una serie de medidas para reducir el gasto público que, por el momento, no suponen un aumento en los impuestos, tal y como pedían las federaciones de empresarios brasileños.
Entre las iniciativas más importantes figuran la fijación de una meta de gasto público anual vinculada a la tasa de inflación del año anterior, la eliminación de subsidios, y la transferencia de 100 mil millones de reales (28 mil millones de dólares) del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) al tesoro nacional.
Esta última medida, que debe ser implementada en tres años, tiene el objetivo de hacer frente a una caída en la recaudación federal y a un escenario de aumento de los gastos.
“Estamos tomando medidas iniciales que tratan de dar una respuesta a la situación actual”, dijo Temer, tras adelantar que “otras medidas vendrán a lo largo del tiempo”.
Sin concretarlo, Temer abrió la puerta a cambios en la ley que regula la explotación de las reservas petroleras ultraprofundas (el llamado pre-sal), para que la estatal Petrobras no esté obligada a ser operadora y tener, como mínimo, un 30 por ciento de participación en los nuevos campos.
“Petrobras es una empresa que debe regirse por sus propios intereses”, aseveró Temer, tras señalar que la estatal debería actuar “casi como una empresa privada”.
También se anunció el desmantelamiento de un fondo soberano petrolero con 570 millones de dólares y su transferencia para la caja del gobierno.
El titular de Hacienda, encargado de revertir la profunda recesión que afecta a Brasil desde el año pasado, dejó claro que el gasto en Educación y Salud será limitado por las metas de gasto público, algo que podría generar resistencias en el Parlamento.
Apenas 12 días después de asumir el poder, el Ejecutivo de Temer enfrenta su primera crisis, tras la dimisión del lunes –calificada de “apartamiento temporal”- del ministro de Planificación, Romero Jucá, uno de los hombres de confianza del presidente interino.
La publicación de unas grabaciones en las que Jucá habría admitido estar articulando “parar la sangría” de la Operación Lava Jato y evitar que el escándalo de corrupción afectara a la oposición brasileña, al Partido de los Trabajadores (PT), creó las primeras turbulencias en un Ejecutivo que este martes medirá sus fuerzas en el Parlamento.
La Cámara Baja debe votar este martes si aprueba los presupuestos presentados por el Ejecutivo, que prevén un déficit de 170 mil millones de reales (unos 48 mil millones de dólares).
Las cuentas presentadas por el gobierno de Temer suponen un aumento del gasto respecto a las presentadas por la administración de la presidenta suspendida Dilma Rousseff, que había previsto un déficit de 96 mil millones de reales.
En un marco de crisis política que no quedó resuelta con la salida temporal de Rousseff de la presidencia mientras es sometida a un juicio político, Temer fue el lunes al Parlamento a presentar sus presupuestos, donde fue hostigado por diputados del Partido de los Trabajadores (PT) al grito de “golpista”.
El presidente en ejercicio dijo que su llegada a la jefatura del Estado es “consecuencia de la Constitución”, y rechazó que haya habido una “ruptura institucional” en Brasil por causa del apartamiento de Rousseff por 180 días en el marco del juicio político contra ella.
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