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Líderes opositores rechazaron el domingo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de prohibir las protestas en las inmediaciones de las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en semanas recientes han sido lugar de manifestaciones de grupos opositores que reclaman que sea acelerado el proceso de referendo contra el presidente Nicolás Maduro.
La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo del máximo tribunal declaró con lugar un amparo de los trabajadores del Consejo Nacional Electoral y decidió prohibir marchas y protestas en los alrededores de la sede nacional en Caracas y sus similares en los 23 estados restantes del país.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Henry Ramos Allup, rechazó el domingo la medida de amparo, afirmando que el dictamen era motivado por miedo de acatar la voluntad popular. La oposición acusa al CNE de tomar medidas dilatorias para demorar la activación del referendo para acortar el mandato de seis años de Maduro, electo en el 2013.
"La última del tsj (sic) con argumento que 4 comadres tienen miedo, sentencia prohíbe q (sic) nos acerquemos a sedes CNE a solicitar q (sic) no saboteen RR (referendo revocatorio)", escribió Ramos Allup, un feroz crítico de Maduro, a través de su cuenta en la red social de Twitter, en alusión a cuatro de los cinco directivos del CNE que son vistos generalmente como cercanos al oficialismo.
En las últimas dos semanas la oposición ha realizado tres movilizaciones en Caracas y otras ciudades para presionar que se acelere la revisión de las firmas recolectadas con miras a activar el proceso de referendo para reducir el mandato de Maduro. Algunas marchas, como la convocada en Caracas el miércoles pasado, terminaron en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que dejaron varios heridos y detenidos.
El Tribunal, en un comunicado divulgado en su sitio en Internet, informó que ordenó además al comandante de la Guardia Nacional y al director de la Policía Nacional adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus alrededores, a nivel nacional, "a los fines de impedir los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y civiles".
La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a más de una veintena de partidos, afirmó que el CNE "se ha extralimitado en sus funciones" al imponer "obstáculos y triquiñuelas que intentan interferir, sabotear o postergar" el referendo.
Algunos dirigentes oficialistas han descartado que el referendo contra el mandatario pueda realizarse en 2016. De acuerdo con la Constitución, de darse el escenario de una falta absoluta del presidente en 2017, es decir en el caso de Maduro los últimos dos años del período constitucional, el vicepresidente ejecutivo que esté en funciones en ese momento asumirá la presidencia hasta completar el período.
La coalición opositora recolectó el mes pasado más de 1,8 millones de firmas a favor de la consulta que el Consejo está revisando actualmente.
Las tensiones políticas crecen mientras los venezolanos enfrentan una desbordada inflación, que se estima podría alcanzar este año 720%, severa escasez de alimentos, medicinas y productos básicos y una recesión económica que tiende a complicarse por la caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos por exportaciones del país.
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