El presidente de Perú, Ollanta Humala, participó en el pasado mes de abril en una reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) para definir estrategias globales en la lucha contra la producción de drogas y el narcotráfico. “Este es un problema de responsabilidad compartida pero diferenciada”, dijo, en Nueva York. Habló de los esfuerzos que hizo su gobierno para reducir la producción de la hoja de coca y mostró cifras: en 2011, cuando Humala asumió la presidencia, había alrededor de 63 mil hectáreas sembradas con coca; ahora hay 33 mil. Aun así, Perú es el segundo país en el ranking de los productores mundiales de hoja de coca. Sólo lo supera Colombia, y por mucho: en 2015 cultivó 100 mil hectáreas.
Pero en Perú la hoja de coca es alimento y medicina, parte de la cosmovisión y ritual de costumbre. Es un legado de los incas y es parte de la cultura. Por eso, las políticas de Humala no lucen tan bien puertas adentro. “Hay una persecución y una criminalización de la hoja de coca y de sus cultivadores, ya que siempre en la guerra contra el narcotráfico el gobierno apunta a los campesinos cocaleros, que no tenemos nada que ver con el delito y que somos el eslabón más débil de la cadena”, dice Serafín Andrés Lujan, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP). “Cuando se nos erradican sin nada a cambio, se afecta a nuestros derechos humanos, a la vida, a la alimentación, a la educación y a la salud de nuestras familias campesinas, y nos obligan a salir a las calles”.
La CONPACCP está formada por 300 mil campesinos cocaleros de todo Perú y desde el año 2000 ha mantenido reuniones con el gobierno para llegar a acuerdos sobre las superficies sembradas con coca. “Pero el gobierno no tiene voluntad política”, dice Luján. “Ni este gobierno ni los que pasaron dieron muestra de buscar soluciones en bien de miles de campesinos que buscan tener cultivos lícitos”.
En la Primera Reunión de Expertos sobre Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar el miércoles y el jueves pasado en Lima, Perú propuso, ante 14 países vecinos, el desarrollo alternativo para combatir al narcotráfico. El presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Alberto Otárola, dijo: “La mejor manera de combatir el narcotráfico es a través del desarrollo y no de la represión o del enfoque de la seguridad”. Otárola explicó que el gobierno expulsó al narcotráfico de los campos peruanos en 31%, trocando cultivos e introduciendo cacao, café y cítricos donde antes había coca. Pero Luján, el titular de la CONPACCP, no está de acuerdo con Otárola: “El gobierno muestra constantes erradicaciones compulsivas, abusivas y violentas, dirigidas por DEVIDA”, dice. “Para nosotros la oficina de DEVIDA significa DEMUERTE”.
Un caso paradigmático en estas disputas es el de Nancy Obregón Peralta, líder cocalera, ex congresista entre 2006 y 2011 (por el Partido Nacionalista Peruano, el mismo del presidente Humala, que ella ya abandonó) y detenida en la cárcel de máxima seguridad de Chorrillos desde 2013. Obregón Peralta está acusada de narcotráfico y terrorismo (con supuestas vinculaciones con Sendero Luminoso), aunque, según sus compañeros cocaleros, no hay pruebas para culparla. Otro caso es el de Elsa Malpartida Jara, quien fue entre 2006 y 2011 miembro de Parlamento Andino, y que está siendo investigada bajo cargos de terrorismo (también por aparentes nexos con Sendero Luminoso), aunque goza de libertad. “Así se intenta neutralizar la fuerza política de estas dirigentes”, dice Luján. “Y todo puede pasar cuando hay odio político”.
Por una existencia legal
Los campesinos cocaleros peruanos quieren ser registrados en un empadronamiento nuevo (existe uno del año 1978) para tener una existencia legal que hoy sólo conocen a medias, porque de hecho venden su producción a una empresa (Enaco S.A.) y pagan impuestos de 18% al Estado. “Los que estamos afiliados a la CONPACCP queremos dar la cara y decir quiénes somos y cuántos, dónde vivimos y qué cultivos tenemos aparte de la hoja de coca”, sigue Luján. “Y sobre todo queremos ponernos de acuerdo para llevar a cabo un control social, cosa que no harían los que se dedican a venderle al narcotráfico”.
En Bolivia las cosas son diferentes. En ese país –que es el tercero en producción de coca, en el mundo–, el propio presidente Evo Morales es el líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, una entidad que reúne a los productores de coca aliados del Movimiento Al Socialismo (MAS), su partido.
De hecho, Morales inició su carrera política como sindicalista cocalero en un pueblo llamado San Francisco, en la región del Chapare, donde el cultivo de la coca es común. Otra zona donde hay mucha coca es Yungas. En la primera, es ácida y no sirve para el tradicional “acullico”, que es su masticación y que es muy frecuente en las minas, en los campos y en las ciudades. Se ha denunciado que allí mucha de la coca es convertida en cocaína. Para peor, estadísticas no oficiales dicen que dos tercios del total de la coca sembrada en Bolivia termina siendo cocaína. En el mapa del narcotráfico sudamericano, este país ocupa el lugar de centro de distribución: allí llega la cocaína colombiana y peruana y se suma la propia; de estas latitudes se va hacia Argentina y Brasil.
Es conocida la anécdota de que en 1989 Morales fue golpeado y arrojado en el monte por un grupo de policías que lo abandonó allí, creyendo que estaba muerto. Venía de rendir un homenaje a un grupo de campesinos asesinados por la defensa del cultivo de la coca. Luego, en la década de 90, enfrentó al gobierno liberal de Hugo Banzer Suárez, que le había prometido a Estados Unidos que erradicaría la coca de Bolivia, y organizó una emotiva marcha de 600 kilómetros, desde Cochabamba hasta La Paz. El liderazgo de Morales le valió la nominación al Premio Nobel de la Paz de 1995 y de 1996.
“El problema en Bolivia con este asunto es que no tenemos estadísticas”, dice el médico salubrista e investigador Franklin Alcaraz. Bolivia expulsó a la DEA en 2006, pero esta agencia guarda una estadística sobre el cultivo boliviano de coca, que estima en 35 mil hectáreas. El gobierno boliviano no está de acuerdo: su cifra es de 20 mil 900 hectáreas. Según el Estudio Integral de la Hoja de Coca, que se hizo con apoyo de la Unión Europea (UE), sólo hacen falta 14 mil 705 hectáreas de coca para los usos legales, la “acullico” y la alimentación. Pero tampoco se sabe hoy cuánta coca produce una hectárea boliviana, ni cuánta coca boliviana se necesita para producir un kilo de cocaína. No se conoce la enfermedad, pero sí el remedio: “La estrategia para luchar contra el narcotráfico en los campos bolivianos es de erradicación concertada”, dice Alcaraz. “Se erradica la hoja de coca en acuerdo con los cocaleros para deshacerse del cultivo excedentario”.
En estos días, mientras una comisión de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCoca) estudia un proyecto de ley para reemplazar a la vieja Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, de 1988, el gobierno boliviano presentará una queja ante la ONU por una ley de Estados Unidos que prohíbe producir y distribuir sustancias clasificadas como drogas. “Podría ser utilizada para justificar una persecución de productores de hoja de coca”, dijo el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Gumercindo Pucho. Y Evo Morales tuiteó: “Bolivia no es colonia yanqui. La hoja de coca representa la dignidad y soberanía de nuestros pueblos milenarios de la región andina”. Lo único cierto es que la coca es un cultivo con pocos problemas de fertilidad.