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El pasado 2 de abril, cientos de personas se reunieron en la Plaza de Armas de Cajamarca —la ciudad más importante de la sierra norte de Perú, poblada por unos 280 mil habitantes— para escuchar un discurso grabado.
Quien hablaba a través de la cinta era el entonces candidato presidencial del partido Democracia Directa, Gregorio Santos, hombre fuerte de la provincia de Cajamarca y reo del penal Ancón I. Santos fue detenido en mayo de 2014. Se le dictó sentencia de 14 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y colusión en agravio del Estado, pero en agosto de 2015 su prisión preventiva se renovó por 11 meses más. Se le acusa de recibir sobornos de un empresario en una licitación y su defensa se basa en el ataque a los tecnicismos de la causa.
Ancón I, un penal antes conocido como el de Piedras Gordas, fue el triste hogar de Joran van der Sloot —un asesino holandés quien mató a dos mujeres jóvenes y la persona que denunció que el director de la prisión le cobraba sobornos todos los días— y seis días después del discurso grabado de Santos, fue escenario del homicidio de un mafioso en una golpiza a manos de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario. Pero los barrotes no pudieron evitar que Santos, hoy de 50 años, continuara con la intensa vida política que entre 2011 y 2014 lo había llevado a ser presidente regional de Cajamarca, con más de 30% de los votos, y a ser reelecto con 44%, aunque su encarcelamiento le impidió asumir el segundo mandato.
Gregorio Santos es un personaje extraño del de por sí inusual mapa político peruano. Un hombre de izquierda, de posiciones opuestas a las de las compañías mineras, acusado de corrupción y abandonado por los otros líderes sociales, pero escuchado cuando habla a través de una cuenta de Twitter que es administrada por sus abogados, donde insiste en autodefinirse como un preso político. La fiscalía pide para él una pena de 24 años de prisión.
El candidato, quien recogió casi la mitad de los votos de su región y quedó sexto en las elecciones generales de abril, le pidió a los votantes que en la segunda vuelta no apoyen a Keiko Fujimori ni a Pedro Pablo Kuczynski (PPK). “No podemos votar ni por Keiko ni por PPK. Ambos entregan agua, mar y tierra a los extranjeros. Su fraude no pasará”, dijo a través de una carta leída por su hermana, Carmita Calvo Guerrero. “El 5 de junio [cuando se celebre la segunda vuelta electoral] es un día especial para golpear a los promotores del baguazo, responsables intelectuales y operadores de las potencias extranjeras: PPK y Keiko”. Cuando en marzo Kuczynski quiso visitarlo en la cárcel, Santos le respondió en Twitter: “Es lamentable que PPK, por votos, quiera acercarse a nosotros. Visite Cajamarca, somos ciudadanos y no sólo votantes. No aceptamos visita, su intención es sólo electoral, nuestros principios están primero”.
“Santos es un líder de izquierda que se opuso al proyecto minero Conga, que ahora está paralizado, [aunque llevaba una inversión de unos 4 mil 800 millones de dólares] muy perjudicial al medioambiente. Como político, dilapidó su capital al mancharse con escenas de corrupción en su propio gobierno de Cajamarca”, dice el analista peruano Martín Jesús, del Círculo de Análisis Social. “Pero fue votado en el país por 600 mil ciudadanos y representa a un 4% del electorado, que en su región asciende a un 40%. Le sacó 10 puntos a Keiko Fujimori y treinta a Kuczynski. Su juicio, por lo tanto, debe terminar de una vez, del modo más transparente posible”.
Antes de las elecciones generales, Santos fue trasladado desde su celda y participó presencialmente en un debate presidencial con otros candidatos, al tiempo que el Poder Judicial peruano declaraba que un recurso de casación presentado por su abogado defensor para acabar con su prisión preventiva era infundado.
