Más Información
Cuatro organizaciones de derechos civiles presentaron ayer una queja en la que urgen a investigar el trato abusivo de agentes de operaciones y puertos de entrada en los cruces internacionales de El Paso, Texas, y el sur de Nuevo México.
La denuncia detalla el uso de fuerza excesiva, el abuso verbal y el trato humillante y de intimidación de parte de los agentes para obligar a las personas a renunciar a sus derechos legales. La queja fue interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), el Centro Regional de Nuevo México para los Derechos de la Frontera (RCBR), la Fundación ACLU de Texas (ACLU-TX) y la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur (SBCC) a nombre de 13 residentes de la frontera.
En múltiples casos, los residentes fronterizos indicaron al RCBR que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los desalentaron o no les informaron cómo presentar una queja, por lo que piden apoyo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la CBP.
“Cada día miles de estudiantes, trabajadores y turistas cruzan legalmente nuestros puertos de entrada para hacer negocios o visitar a la familia”, declaró Cynthia Pompa, organizadora de campo de la RCBR en un comunicado. “Cuando los agentes de la CBP no profesionales o francamente crueles humillan, discriminan y abusan física o verbalmente de ellos, sus malos tratos y la falta de rendición de cuentas ofenden los valores estadounidenses de igualdad y justicia”, indicó.
En mayo de 2015 la RCBR se unió a organizaciones desde Brownsville, Texas, a San Diego, California, para lanzar la campaña “Cruzando con Dignidad”, orientada a documentar las historias de los residentes fronterizos que cruzan los puertos de entrada terrestres a lo largo de la frontera entre EU y México. De acuerdo con el comunicado de la RCBR a nivel nacional, unas 600 mil personas entran diariamente a EU a través de los puertos de entrada de la frontera suroeste, y uno de cada 24 puestos de trabajo en EU se basa en el comercio electrónico transfronterizo en la frontera sur.
La queja interpuesta ayer detalla un puñado de los casos reportados a la RCBR por los ciudadanos estadounidenses y mexicanos que cruzaron en forma regular y de manera legal a través de esas zonas. Uno de esos casos es el de Amanda Rodríguez Varela, quien en septiembre de 2015 sufrió la burla de los agentes de la CBP sobre su trabajo a favor de la igualdad de género y la acusaron falsamente de proporcionar “favores” en EU, llamándola “puta” y la coaccionaron a firmar formas que no entendía, incluyendo un interrogatorio falsificado para justificar la revocación de su visa y un impedimento de cinco años para entrar a EU.
En Nueva York, la Junta de Regentes eliminó las restricciones que impedían que algunos inmigrantes que viven en el país sin autorización enseñen o practiquen medicina en el estado. La medida aplica a los incluidos en el programa de suspensión de deportaciones DACA. Estas personas son inmigrantes que fueron traídos a EU cuando eran niños.
En Washington, más de un centenar de migrantes y activistas protestaron frente a la Casa Blanca para pedir el fin de las redadas de familias centroamericanas.
