Los gobiernos de América Latina dividieron ayer entre el repudio y la preocupación sus opiniones sobre la suspensión por un plazo máximo de seis meses de la presidenta brasileña Dilma Rousseff por parte del Senado de ese país.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro afirmó que lo ocurrido en Brasil es una “canallada”, un golpe de Estado que tiene una factura “made in USA” para acabar con los gobiernos progresistas de la región.
Los gobiernos de Bolivia, Cuba y Nicaragua también describieron la decisión del Senado brasileño como un “golpe”.
En tanto, el gobierno argentino de Mauricio Macri dijo que “respeta el proceso institucional” de Brasil. Colombia y Chile se mostraron confiados en que el gigante sudamericano mantendrá la institucionalidad democrática. “La estabilidad de Brasil es muy importante para toda la región por su influencia y liderazgo”, indicó la Cancillería en un comunicado.
En Estados Unidos, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el gobierno apoya a Brasil “aun en esta etapa difícil, y mantenemos la confianza en la capacidad del gobierno para depender de sus tradiciones establecidas y leyes para sortear el camino”.
El secretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, dijo esperar que Dilma “sea juzgada de acuerdo a las garantías de un Estado democrático”, pero no descartó que se aplique “la cláusula democrática”, que contempla sanciones a los países que registren acciones contra los gobiernos constituidos.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó “a la calma” y confió en que las autoridades honren los procesos democráticos de Brasil.