Varios gobiernos latinoamericanos mostraron su preocupación por las eventuales consecuencias de la decisión del Senado de Brasil de someter a la mandataria Dilma Rousseff a un juicio político y apartarla provisionalmente de la presidencia.
Argentina, principal vecino de Brasil, abogó por respetar el proceso, pero más tarde destacó la inquietud por la "trascendencia importante" que tiene lo que ocurre.
En declaraciones a la televisión estatal, Marcos Peña, jefe del gabinete de ministros de Argentina, dijo que "en lo económico, lo vemos con mucha preocupación por el impacto sobre nuestra industria, nuestros productos, nuestro comercio".
"Ahora vamos a esperar que las nuevas autoridades constituyan su gobierno y seguir trabajando como corresponde entre dos países hermanos", agregó.
Inicialmente, la canciller, Susana Malcorra, manifestó a través de un comunicado su respeto al "proceso institucional que se está desarrollando", confiando en que "el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña".
El gobierno de Chile también expresó "preocupación" por el escenario incierto que se abre tras la suspensión de Rousseff.
A través de un comunicado, el canciller Heraldo Muñoz, quien acompaña a la presidenta Michelle Bachelet en un viaje a Europa, destacó las "excelentes relaciones" que han tenido con la "amiga" Rousseff y su "decidido respaldo al Estado de Derecho, los procesos constitucionales y las instituciones democráticas en Brasil".
"El gobierno de Chile expresa su preocupación por los acontecimientos de los últimos tiempos en esa nación hermana, los que han generado incertidumbre a nivel internacional, considerando la gravitación de Brasil en el ámbito regional", agregó.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo en Londres, donde asiste a la Cumbre Mundial de Lucha contra la Corrupción, que "nos duele mucho lo que está sucediendo".
"Hacemos votos para que la institucionalidad democrática en Brasil se preserve, para que el debido proceso se respete y lo que queremos es que la estabilidad se mantenga".
El Gobierno de Ecuador respaldó en un comunicado "al gobierno constitucional de la Presidenta Rousseff, legítima depositaria del mandato popular expresado en las últimas elecciones democráticas, y contra la que no pesa, hasta el momento, una sola imputación que la vincule con la comisión de un delito común".
El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, destacó que "la judicialización de la política también conlleva la politización de la justicia en una suerte de espiral absolutamente nefasta tanto para la democracia cuanto para el estado de derecho".
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, cuestionó la suspensión de la mandataria brasileña y advirtió de que el proceso ha desatado turbulencias que afectarían a la región.
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