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Olivia Zúñiga, hija de la dirigente ambientalista Berta Cáceres, acusó al Estado y a las Fuerzas Armadas de Honduras de ser “autores intelectuales” del asesinato de su madre, según declaraciones divulgadas ayer en Nicaragua.
En una entrevista al Canal 15 de televisión de Managua, Zúñiga dijo que la familia de Cáceres espera que el gobierno sancione a quien planificó y ordenó el asesinato, tras la reciente captura de cinco sospechosos de haber consumado el sonado crimen.
“No tenemos la menor duda de que aquí hay personas muy poderosas que están involucradas como autores intelectuales, hay una implicación directa del Estado, de las Fuerzas Armadas y de la empresa Desarollos Energéticos S.A. (DESA)” en el caso, afirmó.
La joven recordó que Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo en el occidente de Honduras, había recibido en 2015 al menos 33 amenazas de muerte de parte de funcionarios públicos de Honduras y de personal de la empresa DESA a cuyos proyectos ejecutados en territorios indígenas se oponía.
Entre quienes amenazaron a su madre, Zúñiga mencionó al ex jefe de seguridad de DESA Douglas Bustillo y al gerente de la misma, Sergio Rodríguez Orellana, quien está detenido.
“Hay una vinculación total y directa del Estado hondureño en este crimen, porque antes de que mi madre fuera asesinada [el gobierno] dirigió una guerra jurídica y mediática contra ella”, aseguró.
“Y esa es nuestra exigencia más urgente: que también se castigue con todo el peso de la ley a quien planificó, financió y dio la orden de matar a mi madre”, indicó.
Decenas de pobladores indígenas del occidente de Honduras continuaron ayer con la protesta que iniciaron el lunes frente a la Casa Presidencial en Tegucigalpa exigiendo justicia por el caso de la ambientalista.
Los manifestantes, acompañados por unos pocos negros que tocaban tambores, se apostaron a pocos metros de la sede del poder Ejecutivo, cuyos accesos desde primeras horas del día permanecían resguardados por policías y militares provistos con escudos y bastones.
En Estados Unidos, una docena de personas se manifestaron frente a la sede de la Misión de Naciones Unidas (ONU) en Honduras, en Nueva York, a fin de mostrar su solidaridad con Cáceres y para denunciar la violencia contra los pueblos indígenas.
Organizada en el marco del Foro Permanente de la ONU para la Cuestiones Indígenas, la manifestación tuvo el objetivo de pedir al gobierno de Honduras detener la violencia contra defensores del medio ambiente y de los derechos indígenas.
Los manifestantes pidieron la creación de una comisión independiente auspiciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el asesinato de Cáceres.
Además demandaron la suspensión inmediata de la ayuda de Estados Unidos a Honduras, incluyendo la asistencia militar, hasta que termine la impunidad en ese país y se restablezca el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
