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El juez Claudio Bonadío procesó, por su presunta responsabilidad en una tragedia ferroviaria, al exministro de Planificación, Julio de Vido, quien fue uno de los funcionarios más importantes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
De Vido quedó imputado así por su presunta responsabilidad en el choque de un tren en febrero de 2012 en una céntrica terminal de Buenos Aires, que dejó un saldo de 51 muertos y centenares de heridos, en lo que fue una de las peores tragedias ferroviarias en la historia del país.
El primer juicio de esta causa culminó en diciembre pasado con la condena de los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario que operaba la concesión, Claudio Cirigliano, y el conductor del tren, Marcos Córdoba.
En su fallo, el tribunal ordenó investigar la responsabilidad de De Vido, ya que por su cargo debía garantizar las inversiones necesarias para el funcionamiento sin riesgos de los trenes, a pesar de que son concesiones privadas, ya que brindan un servicio público.
De Vido cuenta, por ahora, con la protección de sus fueros como diputado, pero aun así la causa seguirá su curso para determinar si enfrenta o no un juicio oral y público.
En su procesamiento, Bonadió consideró que existen “múltiples elementos” que dan cuenta del conocimiento con el que contaba De Vido de la forma deficiente en la cual la empresa concesionaria TBA prestaba el servicio ferroviario durante su gestión.
“En el año 2007 cuando se rescindieron los contratos de concesión de las líneas Roca y Belgrano Sur, se realizó una evaluación comparativa con el resto de las líneas en la cual quedaba de manifiesto el estado en el cual prestaba el servicio TBA”, señaló.
De la lectura de dichos expedientes, agregó, “se observa que en las comparaciones efectuadas entre las distintas empresas prestadoras del servicio ferroviario, se puede advertir que la situación existente en TBA era similar y en algunos casos peor” que la de otras empresas.
El juez consideró que De Vido “tuvo efectivo conocimiento del deficiente estado del material rodante de la concesionaria, como así también del sostenido decaimiento de los bienes dados en concesión para la prestación del servicio”.
Pese a que contaba con esa información, añadió, el funcionario no intervino de manera alguna para sancionar a la empresa concesionaria ni prevenir la tragedia.
jlcg
