Varios miles de empleados públicos y seguidores del gobierno realizaron este jueves una marcha en el centro de la capital venezolana para protestar contra la Ley de Amnistía que aprobó la mayoría opositora de la Asamblea Nacional.
Bajo la consigna "uh, ah, esa ley no va" y entre carteles que decían "no a la ley de amnesia criminal", varios miles de empleados públicos y simpatizantes del gobierno, vestidos con camisas rojas, tomaron algunas vías del centro de Caracas y marcharon hasta los alrededores del palacio de gobierno para manifestar contra la ley de amnistía y reconciliación que aprobó en marzo el Congreso, bajo control de la oposición.
La marcha fue convocada por el oficialismo que rechaza abiertamente la nueva normativa que busca liberar al líder opositor Leopoldo López y varias decenas de los llamados "presos políticos".
El presidente Nicolás Maduro ha descartado que vaya a promulgar la ley, pero la oposición sostiene que cuenta con mecanismos legales para ponerla en vigencia.
"Esto es algo horrible para la Nación. Esta ley es un adefesio porque permitiría la liberación de muchos criminales", afirmó Hugo González, un albañil de 49 años, mientras caminaba por los alrededores del palacio de gobierno.
"¿En qué se convertirá la justicia venezolana si salen a la calle tantos criminales gracias a esta ley?", agregó González.
"No podemos permitir que salgan a la calle los criminales beneficiados por esa ley", dijo Reina Messmore, una maestra jubilada de 64 años, mientras marchaba por una avenida del centro de Caracas.
Un grupo de familiares de los llamados "presos políticos" realizó esta semana una manifestación en la sede de la Nunciatura Apostólica para pedir al Papa Francisco su mediación a favor de la ley de amnistía.
La ley de amnistía fue una de las promesas electorales que promovió la coalición opositora durante la campaña de elecciones parlamentarias de diciembre pasado.
Entre las figuras más emblemáticas que podrían beneficiarse con esta ley está López que en 2015 fue condenado a casi 14 años de cárcel tras ser acusado de promover unas violentas protestas en la capital en febrero del 2014 que dejaron tres muertos y decenas de heridos.
El dirigente opositor, de 44 años, fue detenido el 18 de febrero del 2014 y recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, donde se encuentra actualmente.
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