El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, serán interpelados por el Poder Legislativo tras evadir su responsabilidad por la muerte de cinco jóvenes por consumo de drogas en una fiesta electrónica.
La Legislatura de esa capital aprobó un pedido de informes que el gobierno capitalino deberá entregar en un plazo de 55 días, en tanto que parte de la oposición ya pidió la comparecencia de Bullrich en la Cámara de Diputados.
El pasado 16 de abril, una fiesta electrónica realizada en un predio de esta capital dejó un saldo de cinco jóvenes muertos y cinco heridos en grave estado, aunque todavía no se ha logrado determinar con precisión el tipo de sustancias que tomaron.
La tragedia provocó un debate social sobre las políticas de drogas que se aplican en el país, ya que no hay estrategia alguna de prevención y sólo se repiten las fórmulas del combate policial, prohibicionismo y criminalización de usuarios y adictos que han fracasado en el resto del mundo.
Desde el primer momento, el gobierno de Buenos Aires trató de despegarse del caso asegurando, a través de un comunicado, que se habían realizado los controles pertinentes para garantizar la seguridad de las 10 mil personas que participaron en la fiesta.
La justicia, que actuó con rapidez gracias a la intervención del fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello, descubrió que en realidad se había permitido el ingreso de 20 mil personas, lo que superó con creces el cupo de 13 mil asistentes que estaba autorizado.
Rodríguez Larreta optó por esconderse y dejó pasar nueve días antes de reaparecer la víspera en un acto público, donde no asumió autocrítica alguna y se limitó a anunciar que quedaban prohibidas las fiestas electrónicas hasta que se diseñe una campaña de prevención.
Hasta ese momento, el jefe de Gobierno sólo había escrito un mensaje en las redes sociales para avisar que rezaría por las víctimas, sin explicar por qué no se realizaron los controles correspondientes.
En el mismo sentido, la ministra de Seguridad primero denunció que un empleado del juzgado de Casanello les pidió a los efectivos de la Prefectura “que no molestaran a los jóvenes", lo que impidió que se llevaran a cabo operativos antidrogas.
Sin embargo, Casanello la desmintió y la acusó de obstruir la investigación, en la cual ya quedaron imputadas 28 personas, entre ellas tres inspectores de la ciudad y 19 prefectos, es decir, funcionarios que dependen de Rodríguez Larreta y de Bullrich.
erp