La Procuraduría General de la Nación (PGN) emprenderá acciones legales contra el gobierno de Otto Pérez Molina en Guatemala, que autorizó un usufructo lesivo para el Estado, informaron hoy fuentes oficiales.
La titular de la PGN, María Eugenia Villagrán, dijo en una comparecencia ante diputados que los miembros del gabinete del entonces presidente Otto Pérez Molina serán denunciados penalmente.
Pérez Molina, cuyo mandato finalizaba el 14 de enero de 2016, se encuentra en prisión provisional desde el pasado 3 de septiembre cuando renunció por un escándalo de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El entonces mandatario fue señalado de encabezar la estructura criminal y de corrupción dedicada a la defraudación fiscal, un caso conocido como La Línea, desarticulada el 16 de abril de 2015.
Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció el 8 de mayo y está detenida desde el pasado 21 de agosto, son también señalados de conceder un contrato irregular para la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Por el usufructo en favor de TCC, operada por una empresa española, los entonces mandatarios habrían obtenido la mayor parte de un soborno de 24.5 millones de dólares.
En la audiencia de primera declaración por el caso TCQ efectuada el miércoles, Pérez Molina afirmó que luego de ocho meses se caía el caso en su contra de La Línea y que por eso el Ministerio Público (MP) "montó" el caso TCQ.
"Del análisis y revisión del contrato de TCQ, la PGN determinó que hay cláusulas abusivas, hay cláusulas lesivas", por lo que se "presentará una denuncia penal en contra de ese gabinete", dijo Villagrán.
La titular de la PGN, institución conocida como "abogado de Estado", aseveró que también se gestionará la nulidad en cuanto el actual presidente, Jimmy Morales, autorice el trámite.
Estimó que la nulidad del contrato TCQ, procede debido a que "hay un vicio de consentimiento que hace nulo de pleno derecho. Lo que no nace a la vida jurídica no tiene efectos jurídicos, por lo tanto estamos en presencia de un contrato nulo".
La inversión de TCQ por la construcción nuevas instalaciones en Puerto Quetzal asciende a 255 millones de dólares, de acuerdo con el usufructo por 25 años concedido por el gobierno de Pérez Molina a la empresa española.
Puerto Quetzal, ubicado en la costa del Pacífico, es el puerto más importante del país y concentra más del 60 por ciento del comercio de Guatemala.
El usufructo, al parecer conseguido por el pago de sobornos a las autoridades guatemaltecas, fue adjudicado en julio de 2012, seis meses después de que asumió el presidente Pérez Molina.
El entonces mandatario siempre defendió el contrato de TCQ con el argumento de que urgía modernizar el mayor puerto del país para aumentar la competitividad.
jram
