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Es sabido que antes de ser asesinado, víctima de una conspiración, Julio César alcanzó a ver a su protegido Marco Junio Bruto y le dijo: “¿Tú también, Bruto?”. El lunes pasado, la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, descubrió que su propio vicepresidente, el abogado Michel Temer, estaba conspirando abiertamente contra ella mientras se calentaba cada vez más la crisis política que sacude a este país que tiene la economía con el PIB más grande de Latinoamérica.
Dilma se hunde en un mar de acusaciones, fuga de aliados y descontento popular, y a Temer, su vicepresidente, se le escapó, supuestamente por error, un audio de 13 minutos y 51 segundos en el que se dirige a la nación ante una hipotética destitución de la presidenta.
El archivo salió de su celular y llegó a sus aliados en el Congreso, y su vocero le dijo al diario Folha de Sao Paulo que el vicepresidente sólo estaba haciendo “un ejercicio en su celular” que salió mal. Pero Dilma —quien tiene 68 años y está en el poder desde 2011, con dos mandatos— se mostró más rápida que Julio César en la reacción: “El vicepresidente es un golpista sin respeto por la democracia”, dijo. En el audio, Temer pidió “un gobierno de salvación nacional”. “Ahora conspira abiertamente, a la luz del día, para desestabilizar a una presidenta legítimamente electa”, consideró Dilma.
La presidenta vive sus peores días: podría ser sometida a un juicio político (o impeachment), acusada de haber maniobrado con las cuentas del Estado para esconder el déficit, retrasando pagos para planes sociales a bancos estatales. Además, el Tribunal Superior Electoral le sigue la pista por el financiamiento de la campaña electoral de 2014 (asunto que también afectaría al vicepresidente Temer) y por el escándalo conocido como Petrolão, investigado por la justicia en la operación Lava Jato y referido a las empresas constructoras que pagaron sobornos millonarios a través de la petrolera estatal Petrobras, que mancha a varios de sus colaboradores cercanos. Peor aún, al propio ex presidente del país y líder de su partido, Luiz Inacio Lula da Silva.
“Dilma fue electa con 54 millones de votos e incluso un gobierno opaco y mediocre, como afirman sus adversarios, no es motivo para que sea depuesta”, afirma el escritor Fernando Morais, quien fue diputado estadual y secretario de Cultura y de Educación del estado de Sao Paulo. “Impeachment sin delito de responsabilidad es golpe de Estado”.
Varios errores condujeron a la mandataria a esta situación en la que el ex presidente Lula —principal protector de Dilma— hace base en el hotel Royal Tulip de Brasilia y ocupa todas las horas del día en inquietantes y desesperadas negociaciones con aliados más o menos posibles para emboscar el camino del impeachment.
Primero, en 2014. “Después de ser reelecta, la presidenta rompió sus promesas electorales y aplicó un plan de austeridad con ajuste fiscal, recorte de fondos sociales y altas tasas de interés”, señala Henrique Carneiro, analista político y ex miembro del Partido Socialismo y Libertad, que está a la izquierda del Partido de los Trabajadores.
“Se le dio prioridad a los grandes contratistas, al sector financiero y a los exportadores de materias primas. Cuando la crisis internacional aumentó, Brasil se quedó sin proyecto alternativo y, dada la caída, el gobierno comenzó a atacar a su propia base social, reduciendo el empleo y el salario mínimo, e implementando una ley represiva contra los movimientos sociales”.
Las elecciones de 2014 fueron ganadas gracias a un acuerdo con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) —una facción de centro, con poder territorial en intendencias, que participó del gobierno con un vicepresidente y siete ministros—, pero Dilma se encontró el último 29 de marzo con que el PMDB dejaba su manchada coalición.
El proceso de impeachment se convirtió en un fantasma creciente y el mismo lunes en que se filtró el audio del vicepresidente el juicio político fue avalado por una comisión especial del Congreso que debatió 10 horas y que, en un clima agitado, lo aprobó con 38 votos en favor y 27 en contra.
Hoy mismo, en el próximo paso del proceso, la Cámara de Diputados debe votar en favor o en contra de que el proceso avance al Senado. Para que prospere, dos tercios —342 de los 513 diputados— deben apoyarlo. De acuerdo con diversos medios brasileños, la cifra fatal ya se alcanzó... y se rebasó. Si en la Cámara Baja se vota en favor, el asunto pasará al Senado, donde se requiere de una mayoría simple (41 senadores) para que se autorice el juicio. Entonces Dilma deberá dejar el cargo por 180 días y la Cámara Alta la enjuiciará, mientras Temer ocupa la presidencia.
“Aunque el impeachment está previsto en la Constitución, se necesita la existencia de un delito de responsabilidad directa de parte de la presidenta”, explica el historiador Leonardo Pereira. “En el caso de Dilma, este crimen de responsabilidad no existe. Las prácticas como las de Petrobras fueron realizadas por todos los anteriores presidentes. Aunque esté cubierto de pretensiones de legalidad, esto parece ser un golpe de facto: hay grupos de poder que no consiguieron vencer al PT en las últimas cuatro elecciones”, añade.
Para Fernando Morais también hay un uso interesado de la justicia. “Lo que está ocurriendo es un golpe de Estado”, dice. “No es un golpe tradicional, con tanques en las calles, sino un golpe ‘paraguayo’ u ‘hondureño’ sin derramamiento de sangre ni presos. Todos los que apoyan el impeachment y entre ellos el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, van a cargar para siempre con la pancarta de ‘golpistas’”.
Sin embargo, para Cardoso “el impeachment no es un golpe, sino un remedio institucional”, y para Aécio Neves —jefe de la oposición— “decir que hay un intento de golpe es un relato desesperado y hasta criminal con el que el gobierno de Dilma busca lograr respaldo del exterior”.
La polarización divide a Brasil. Una reciente encuesta de Datafolha indica que 61% de la población está en favor del proceso y 60% quiere la renuncia de Dilma. Pero a Temer no le va mejor: 58% cree que él también debe ser enjuiciado y 60% pide su renuncia. Lula, investigado por corrupción, es quien reúne más intención de voto para las presidenciales de 2018, con 21%.
“El PT está a la defensiva, acusando a sus adversarios de golpistas, desconociendo su responsabilidad en la corrupción”, indica el sociólogo Brasilio Sallum Jr., autor del libro O impeachment de Fernando Collor, sobre el único antecedente de un presidente brasileño que cayó por un escándalo de corrupción, en 1992. “El PT perdió cuadros que tenían la capacidad de diseñar estrategias. Está reaccionando con las vísceras, no con el cerebro. Creo que lo peor que le puede ocurrir es que consiga mantener a la presidenta en el puesto. Eso no es imposible, pero el PT acabará quedando con un nuevo sistema de alianzas más a la derecha y, ¿qué va a hacer después?”.
