Dilma Rousseff no ha cometido crímenes de responsabilidad, “ni siquiera un acto ilícito”, asegura el abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, quien encabeza la defensa de la presidenta y confía en que logrará evitar ser destituida.
Hay dos acusaciones contra la presidenta que sustentan el pedido de impeachment. La primera es por haber firmado decretos de suplementación presupuestaria en 2014 que, según los denunciantes, viola la Constitución. La segunda es un problema de gestión financiera, las llamadas “ruedas fiscales”, a través de las cuales el poder Ejecutivo habría demorado en 2014 y 2015 la transferencia de dinero a los bancos públicos para el pago de cuotas de programas sociales para ocultar el déficit público; las entidades bancarias debieron afrontar esos pagos con sus propios recursos, lo que en la práctica constituiría un préstamo sin autorización del Congreso.
¿Por qué sostiene que no hubo ni crimen de responsabilidad ni acto ilícito por parte de Rousseff?
—La ley presupuestaria prevé ciertos casos en que el Ejecutivo firme decretos suplementarios. En 2015, el Tribunal de Cuentas de la Unión cambió las reglas y estableció que eso no podía ser más realizado y el gobierno de Dilma dejó de hacerlo. Lo que pretende decirse es que esos decretos anteriores fueron ilegales y que la presidenta actuó de mala fe cuando en realidad eran válidos.
En el caso de las “ruedas fiscales”, se acusa al gobierno de tomar prestado dinero de los bancos públicos, pero en realidad no fue así. Lo que ocurrió fue que, por problemas de caja, hubo demoras en transferir dinero del Ejecutivo a los bancos públicos para pagar subsidios sociales. No se trató de un préstamo de los bancos al Ejecutivo, sino de un atraso en el pago de esos programas sociales que los bancos pagaron con su dinero.
¿Qué hay detrás de todo este movimiento por el impeachment?
—Un movimiento político muy claro de sectores de la oposición, que después de la victoria de Dilma para su segundo mandato usaron todas las formas posibles e imaginables para que hubiese una revisión de la decisión de las urnas. Primero pidieron el recuento de votos, pero nada cambió el resultado; luego dijeron que las urnas electrónicas habían sido manipuladas, pero se hizo una auditoría y no se halló nada malo; después buscaron la impugnación de las cuentas electorales de la presidenta y no lo consiguieron; más tarde fueron ante el Tribunal Superior Electoral y alegaron que la campaña había sido financiada con recursos ilegales, y ahora están con este pedido de impeachment... Aprovechan un momento de crisis económica para avanzar con pretextos jurídicos en una tentativa de impeachment que es claramente inconstitucional.
No sólo la oposición está en el ataque, hemos visto una deserción muy grande de partidos que eran aliados del gobierno. ¿Por qué todos quieren abandonar el barco?
—Lo que existe es una situación de crisis económica y política junto a un momento de impopularidad del gobierno que ha llevado a que ciertos sectores de la base aliada migraran hacia una propuesta de impeachment.
¿Cree que el proceso de impeach-ment tiene chance de ser frenado en la votación del domingo?
—Confío en eso porque se trataría de un apartamiento totalmente inconstitucional; es una ruptura indiscutible del Estado de derecho en Brasil.
Si Dilma fuese destituida, ¿consideran recurrir a la cláusula democrática del Mercosur para pedir sanciones a un eventual gobierno del vicepresidente Michel Temer?
—Confiamos en que no se llegará a ese punto. Esto jamás puede ser visto como un proceso normal de impeachment, sino como un golpe de Estado construido sobre argumentos jurídicos insostenibles.
¿Cómo podría la presidenta recobrar la gobernabilidad si se lograra frenar el proceso?
—Las crisis de popularidad son siempre episódicas y aumentan en momentos de crisis económica. Una vez superada la cuestión del impeachment, creo que el gobierno tendrá totales condiciones para proponer un proyecto de unificación nacional por encima de las banderas partidarias.