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El ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva por un caso de corrupción aduanera, supuestamente lideraban otra trama delictiva en Guatemala en la que está involucrada una filial de la empresa española Grup TCB, informaron ayer fuentes oficiales.
La fiscal general, Thelma Aldana, el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, indicaron que al menos nueve personas están detenidas por este caso y cinco tienen orden de captura internacional.
Entre los arrestados está el español Juan José Suárez, director general de Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), filial en Guatemala de la firma española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que opera en la ampliación de Puerto Quetzal, en Escuintla.
La estructura tenía como objetivo “obtener beneficios económicos” tras la celebración y ejecución de un contrato en favor de TCQ, por lo que se produjeron interferencias para la “concreción de este proyecto”, con el que toda la trama obtendría “lucro” y blanquearía dinero “de origen ilícito”, indicó Aldana. TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal.
El proyecto tenía como fin dotar a Puerto Quetzal de instalaciones con los avances tecnológicos y de seguridad que aseguraran eficiencia y productividad, detalló la fiscal.
El contrato se gestionó de “forma paralela” y desde enero de 2012 hasta por lo menos abril de 2015 se concretó un grupo criminal formado por Pérez Molina y Baldetti, “líderes de la estructura”, el español Suárez, el ex secretario de Pérez Molina Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo y Willima Schawank López. Además estaban Julio Rolando Sandoval Cano, el ex secretario privado de Baldetti y colaborador de la fiscalía en este caso, Juan Carlos Monzón Rojas, el español Ángel Pérez Maura, el argentino Mauricio José Garim y Jhonatan Harry Chevez.
En la investigación, indicó Aldana, son determinantes los nombramientos realizados por Pérez Molina, quien en 2012 designó como operador de Puerto Quetzal y enlace al empresario y piloto Lozano Bauer, entre otros.
Todos los nombramientos fraguaron diferentes gestiones para alcanzar el contrato, con reuniones incluso en Colombia y Valencia (España), tras las que se consensuó el pago de una “comisión” de 24.5 millones de dólares, parte en efectivo y otra a través de un paquete de acciones en TCQ, que no se debería prolongar más allá de octubre de 2015, antes de que finalizara el mandato de Pérez Molina. Suárez y Pérez Maura, este último con una orden de captura internacional, entregaron a Monzón un cuadro detallando los pagos: el primero se hizo en el segundo semestre de 2013 por 10 millones y el segundo en los primeros meses de 2014 por dos millones, explicó Velásquez.
El tercer pago, de los 12.5 millones de dólares pendientes, estaba previsto a realizarse entre abril y octubre de 2015, tiempo en el que se desmanteló La Línea, por la que se acusa a Pérez y Baldetti, y aunque hubo intentos para realizarlo, apuntó Velásquez, se desconoce si se efectuó. La investigación señala que Pérez Molina “utilizó la calidad de su cargo como presidente”. El pago de los 12 millones de dólares fue lavado a través de Chévez, Copisa, contratista de TCQ, a cambio de una comisión, que variaba entre 4% y 18%. El abogado del ex presidente, Moisés Galindo, dijo que considera que “la fiscalía está tratando de construirle casos a mi defendido”. Agregó que la fiscalía “tendrá que probar dónde está el dinero que ellos dicen que recibió”.
