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La oposición brasileña acusó ayer a Dilma Rousseff de incurrir en prácticas “graves” contra la economía del país y de querer ocultar la gravedad de la crisis financiera por la que atraviesa la nación sudamericana, al iniciarse la histórica sesión en la que la Cámara de Diputados decidirá sobre la apertura de un juicio político a la presidenta con fines de destitución.
Los debates fueron abiertos por el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, enemigo declarado del gobierno y correligionario del vicepresidente de la República, Michel Temer, en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El plenario votará mañana si la acción debe ser archivada o avanzar al Senado, donde se requiere mayoría simple para aprobarla. Si es así, la mandataria sería apartada del cargo durante 180 días, mientras se realiza el juicio y se define si es destituida o regresa al poder.
Según el “termómetro” que publicó ayer el diario brasileño O Globo, 345 diputados están en favor del juicio político; 122 están en contra y 46 no han manifestado su opinión. Para que el debate del juicio avance al Senado se requiere del voto de 342 diputados.
El primero en hablar ayer fue uno de los autores de la petición de apertura de juicio a Rousseff admitida por Cunha: el jurista Miguel Reale Jr., ministro de Justicia en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). “Ustedes serán nuestros libertadores de esta prisión”, dijo Reale a los legisladores. El jurista rebatió los argumentos del gobierno, que califica de “golpe” el proceso.
La oposición acusa a Rousseff de incurrir en “delitos de responsabilidad” al haber violado la Ley de Responsabilidad Fiscal y recurrido a maniobras contables para ocultar la verdadera situación económica del país; de optar por las “ruedas fiscales” por las que, según la acusación, la mandataria “tomó prestado dinero” de los bancos públicos y de la apertura de líneas de crédito complementarias por decreto, sin autorización del Congreso.
“Son prácticas graves contra la economía del país y deben ser considerados delitos de responsabilidad”, afirmó Reale. “Fueron un recurso para esconder a la nación la situación famélica del Tesoro Nacional”, agregó. “Y repiten que no hay delito. Hubo golpe, sí, cuando se ocultó a la población que el país estaba quebrado”, subrayó.
El titular de la Abogacía General de la República (abogado del Estado), José Eduardo Cardozo, advirtió que el proceso de impeachment (destitución), de aprobarse, “provocará una ruptura institucional y una violencia sin par”.
En al menos 12 estados brasileños hubo protestas contra el juicio político. Se registraron bloqueos en carreteras, autopistas y vías rápidas en ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro, Bahía o Minas Gerais, protagonizados por sectores sociales como el Movimiento de los Sin Tierra (MST).
El líder del MST, João Pedro Stédile, propuso una huelga nacional si se aprueba el juicio, mientras que Temer, quien sucedería a Dilma si es destituida, dijo estar considerando a un alto ejecutivo de Goldman Sachs para integrarlo a su equipo económico en caso de tener que asumir la presidencia.
Dilma suspendió un discurso en cadena nacional que iba a dar anoche para defender su gestión, luego de que la oposición pidiera una orden al Tribunal Supremo para impedirlo, pero divulgó un video en el que definió el proceso en su contra como “aventura golpista” y advirtió que lo que está en juego no es sólo su mandato que, dijo, defenderá “hasta el último día”, sino “el respeto a la voluntad soberana del pueblo brasileño”.
