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La fiscalía especializada en delincuencia organizada informó el miércoles que aseguró una gran cantidad de datos de un centenar de servidores virtuales del bufete Mossack Fonseca que serán analizados a fin de establecer si se dieron actos delictivos en sociedades fachadas creadas por el despacho de abogados panameño, que se encuentra en el centro de un escándalo tras la publicación de los llamados Papeles de Panamá.
"No podemos establecer hasta el momento si estamos frente a elementos que determinen algún tipo de vinculación (a actos ilícitos), pero estamos satisfechos con la cantidad de información que hemos podido recoger", dijo a los medios el fiscal a cargo de la diligencia, Javier Caraballo.
Agregó que esa información será trasladada al Ministerio Público y que se buscará contrastar con los hechos expuestos tras la masiva filtración de los archivos de la firma panameña.
Caraballo, evidentemente agotado, dijo que durante 27 horas seguidas se dedicaron a inspeccionar tres pisos que albergan el grupo Mossack Fonseca y documentación en más de un centenar de servidores virtuales y físicos. Añadió que ha sido una tarea técnica y compleja, aunque recibieron colaboración del despacho de abogados.
"Lo que hemos hecho es recolectar y asegurar la totalidad de los datos que nos permitan posteriormente analizarlos para poder tomar algún tipo de decisión", reiteró Caraballo, sin precisar un tiempo para ello.
El allanamiento de la sede principal del despacho comenzó la tarde del martes, 10 días después de la publicación de la investigación global de los "Papeles de Panamá", una cascada de documentos filtrados de la firma que arrojaron luz sobre cómo personalidades ricas y poderosas utilizaron empresas de papel para ocultar fortunas en plazas con ventajas fiscales.
Agentes de la policía nacional y periodistas nacionales y del extranjero permanecieron en las afueras del inmueble que alberga el despacho desde que comenzó la diligencia.
Poco antes del mediodía, una treintena de personas —entre obreros de la industria de la construcción, indígenas, campesinos y estudiantes— llegó hasta las inmediaciones del edificio donde opera la firma para exigir que se lleven las investigaciones hasta las últimas consecuencias.
"Exigimos justicia. No podemos permitir que una firma de abogados tenga el nombre del país en entredicho", afirmó Luis González, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, uno de los más poderosos del país. "Que se investigue a estos sinvergüenzas y que se los meta preso".
Algunos juristas renombrados del país cuestionaron a la Procuraduría General al considerar que demoró en ordenar el allanamiento del bufete, cuyas filtraciones han golpeado duramente la imagen del país y su vieja actividad de servicios legales y financieros.
"Al día siguiente en que se hicieron las revelaciones el Ministerio Público debió haber intervenido inmediatamente Mossack Fonseca, haber capturado la data, la computadora, recogido toda la prueba", consideró Italo Antinori, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, al cuestionar que se haya dejado pasar más de una semana desde la difusión de los documentos. "Muchísimas pruebas se pueden haber diluido, alterado".
Las autoridades de El Salvador y Perú allanaron filiales del bufete poco antes de la acción judicial panameña, refirió.
Caraballo dijo al respecto que este tipo de diligencia requería de una planeación para lograr resultados objetivos y efectivos.
El gobierno del presidente Juan Carlos Varela busca reparar los daños y revertir por la vía diplomática la decisión del gobierno francés de reincorporar a Panamá a una lista de naciones no cooperantes en el intercambio de información fiscal, después de conocerse las masivas filtraciones.
Varela también prometió que Panamá colaborará enérgicamente con investigaciones que realicen otros países a raíz de la publicación de los documentos del despacho panameño.
