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El Parlamento venezolano rechazó hoy la sentencia de inconstitucionalidad que dejó inaplicable la ley de amnistía con la que los opositores planeaban exonerar de responsabilidad a decenas de políticos presos por distintos delitos.
Con el voto de los opositores, que controlan 109 de los 163 escaños, el Parlamento aprobó un acuerdo en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la iniciativa legislativa.
El acuerdo condena "las actuaciones de los magistrados del TSJ en su afán de darle la espalda al pueblo venezolano y contravenir la voluntad popular", según el escrito leído en el pleno.
El diputado opositor Freddy Guevara, que dirige el partido Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López, uno de los políticos encarcelados, se refirió al máximo tribunal como "un asco, un TSJ que no está lleno de magistrados sino de unas personas que se han decidido arrastrar al partido del Gobierno".
Para el opositor, el veto a la ley es "ponerse de espalda" a los venezolanos, ya que la ley de amnistía forma parte de las promesas de campaña que hicieron los opositores para las legislativas en las que arrasaron con la mayoría de los puestos.
La bancada oficialista manifestó su rechazo al acuerdo al tiempo que dio su respaldo al Supremo venezolano tras la declaración de inconstitucionalidad a la norma impulsada por los opositores.
"La sentencia del TSJ sencillamente viene a ratificar el carácter de respeto y protección a la Constitución y a la democracia, era sabido por los diputados de oposición que la ley viola artículos de la Constitución", dijo ante el pleno el diputado chavista Edwin Rojas.
El parlamentario aseguró que el contenido de la norma era "un desastre jurídico que no pasaba ni un examen de primer año de bachillerato", por lo que, dijo, no debía extrañarles que hubiera sido rechazada por el tribunal.
El TSJ declaró "inconstitucional" la norma destinada a exonerar a decenas de opositores en prisión y otros en el exilio, acusados de delitos comunes, pero que la oposición defiende como "presos políticos" o "perseguidos", la mayoría de ellos por las protestas antigubernamentales de 2014 entre los que se encuentra López.
La Sala Constitucional del TSJ consideró, entre otras cosas, que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional "en nada conduce o colabora a una reconciliación nacional sino a una impunidad escandalosa en detrimento de la moral pública".
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