Varias decenas de seguidores recibieron como una heroína a la ex presidenta Cristina Fernández el lunes a su arribo a Buenos Aires para responder a una citación de la justicia tras permanecer cuatro meses en la Patagonia alejada del ojo público.
Fernández, que gobernó entre 2007 y 2015, fue citada por el juez federal Claudio Bonadío para declarar el miércoles en el marco de una causa que investiga la supuesta defraudación al Estado a través del mercado de dólar a futuro.
La ex mandataria, vestida con XXX, arribó al aeroparque metropolitano Jorge Newbery de la capital argentina en un vuelo de la estatal Aerolíneas Argentinas procedente de la sureña localidad de El Calafate, donde se refugió tras abandonar el poder el 10 de diciembre.
El juez Bonadío indaga si la ex presidenta participó en una maniobra en la cual el Banco Central ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo, bajo un nuevo gobierno. Según Bonadío, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77.000 millones de pesos (unos 5.273 millones de dólares al cambio actual).
Pero los seguidores de la peronista creen que es víctima de una operación mediática y judicial que busca desacreditarla, justo en momentos en que su sucesor Mauricio Macri aparece involucrado en el escándalo de las filtraciones de Panamá.
Horas antes de la llegada de su antecesora, Macri abogó en un acto público por "una Argentina donde no haya impunidad" y en la que "todos progresemos por nuestro esfuerzo".
El mandatario está incluido en una lista de personalidades con compañías abiertas en paraísos fiscales que ha sido difundida recientemente. A raíz de ello un fiscal le imputó haber omitido su relación con dos firmas en sus declaraciones anuales de impuestos, acusación que el gobernante rechaza y que debe ser evaluada por un juez.
La citación judicial de Bonadío puso a la ex mandataria de nuevo en el centro de la escena política, de la cual se había alejado en parte por decisión propia al refugiarse en su residencia en la turística ciudad de El Calafate.
Fernández -que no detenta cargos electos que le garanticen inmunidad- no ha hecho alusión pública a su situación judicial aunque sí ha protagonizado apariciones breves con algunos seguidores y realizado críticas a la coyuntura política.
Allegados a Fernández aseguran que la exmandataria no está preocupada. "Hablé con Cristina y la noté de buen ánimo.... Quiere encontrarse cara a cara con el juez Bonadío para mirarlo a los ojos", señaló al canal de cable C5N Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del FPV.
Otros citados a indagatoria por Bonadío son el diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof, ministro de Economía durante la gestión de Fernández, quien se presentará ante el juez el martes. Kicillof dijo que será acompañado a las puertas de los tribunales por militantes del FPV.
Luego de la asunción de Macri en diciembre de 2015, el cerco judicial se ha estrechado sobre varios funcionarios de la anterior administración, en ocasiones por jueces que tenían aparcadas causas y que con el cambio político las activaron.
Fernández tiene ante sí varios frentes abiertos en la justicia, ya que además del caso del dólar a futuro fue imputada días atrás por un fiscal por presunto lavado de dinero luego de que un detenido, acogido a la figura de arrepentido, la involucrara en esa maniobra irregular junto a su marido y antecesor en el cargo Néstor Kirchner (2003-2007).
Además, otro magistrado investiga si la ex mandataria incurrió en lavado de dinero mediante el supuesto alquiler ficticio de habitaciones de sus hoteles en la Patagonia al contratista de obra pública Lázaro Báez, muy cercano a ella y su difunto marido. En esta causa el juez no ha tomado por el momento ninguna medida procesal contra la ex mandataria.
Finalmente, Fernández ha sido denunciada por una diputada por supuestas irregularidades cometidas por una sociedad utilizada por los Kirchner para realizar operaciones inmobiliarias con la constructora de Báez.
La expresidenta también ha recibido el apoyo del mandatario boliviano Evo Morales, quien también manifestó su "solidaridad" a su colega brasileña Dilma Rousseff, que afronta en el Congreso un posible proceso de juicio político.
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