No es un secreto que la desaceleración económica de la región latinoamericana ha comenzado a juntar nubarrones que hacen pensar en la posibilidad de que vengan meses difíciles para varios gobiernos. Esta realidad, coincidentemente, ha estado acompañada por derrotas de los movimientos de izquierda en algunas naciones, como se ha hecho evidente, que  reflejan el debilitamiento de un liderazgo que hace una década parecía en su cenit.

No obstante, en tres países particularmente se puede ver que los enfoques de izquierda en el gobierno, si bien un tanto impactados por la reciente caída de la popularidad de sus presidentes, transitan por caminos despejados aún, con el apoyo de las mayorías y logros que mostrar. Bolivia, Ecuador y Uruguay son estos casos, en los que sus estructuras políticas, aunque vibran, no flaquean en estos tiempos.

En Bolivia, el presidente Evo Morales, que ya completó una década en el poder, perdió en febrero pasado el referendo que le hubiera permitido permanecer el Palacio Quemado hasta el 2025. Fue un duro golpe para su agenda política, en especial para un hombre acostumbrado a ganar con la mayoría: en 2005 se impuso en las presidenciales con un 54 por ciento; en el 2009 –después de la Asamblea Constituyente que le dio paso a la nueva Constitución con la que se instauró el Estado Plurinacional del Bolivia– volvió a ganar con un 64 por ciento y en 2014 fue reelegido con un 61 por ciento.

En el 2015, su popularidad cerró por encima del 60 por ciento y expertos aseguran que Morales es un líder difícil de reemplazar, a pesar de su derrota, pues no tiene, adentro ni afuera de su partido (Movimiento al Socialismo), un oponente que como él tenga la capacidad de conciliar y agrupar a los sectores indígenas, sindicalistas e incluso a empresarios.

Sin el sabor amargo de una derrota reciente, el gobierno de Ecuador presenta ciertas similitudes. El presidente Rafael Correa cerró el año pasado con una popularidad del 58 por ciento, un índice muy favorable, que a su vez fue la medición más baja desde que ocupa el máximo puesto en el Palacio de Carondelet (2007). Su administración podría calificarse de satisfactoria, a pesar del lunar de sus recurrentes enfrentamientos con la prensa (ver nota abajo).

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional sostiene que la proyección de crecimiento de este   año es del 0,1 por ciento para el país, un indicador que puede ser el anuncio de una recesión que también amenaza, más seriamente, a Venezuela, Argentina y Brasil.

De todos modos, a Correa seguramente le corresponderá un buen refugio si es que la tormenta azota, pues abandonará su puesto el próximo año con una considerable lista de logros: más de 5.000 millones de dólares invertidos en infraestructura, 7.000 kilómetros de carreteras, ocho hidroeléctricas construidas, becas para más de 5.000 estudiantes y un descenso en los intereses de los créditos educativos del 12 por ciento al 4,6. De acuerdo con la Cepal, actualmente Ecuador es el país  de América Latina con mayor acceso de la población pobre a la educación superior, con el 26 por ciento de dicho grupo.

Como Morales en Bolivia, a Correa aún le resulta prematuro elaborar proyecciones de qué tanto futuro tendrá la Alanza País, su partido, en los próximos comicios. Sin duda, el candidato ungido por el bloque para dar la batalla tendrá a favor los indicadores de la actual gestión, pero deberá enfrentar también los vientos en contra que comienzan a azotar la región. Sus rivales políticos tampoco lucen muy fuertes: el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot –carismático y de buenos números– se perfiló durante los últimos años como el contendor que podía plantar cara a la izquierda, pero ya anunció su intención de no asistir a la campaña y aspirar a la presidencia, así que en suelo ecuatoriano todavía no es momento de anticipar debilitamientos o consolidaciones.

En Uruguay, entre el 2006 y el 2014, el crecimiento anual de la economía promedió 5,2 por ciento, la pobreza se redujo del 32,5 por ciento al 9,7 y la cobertura de pensiones para los mayores de 65 años alcanzó al 87 por ciento. Hoy es indudable que a Uruguay lo acompaña una inercia positiva y que la izquierda, que con el Frente Amplio gobierna desde el 2005, ha sabido leer las realidades económicas y políticas de su entorno.

El presidente actual Tabaré Vázquez fue el mismo que inició este  camino en 2005. Un hincapié en las políticas sociales y la puesta por tener una agenda de exportaciones diversificada –el 77 por ciento de sus exportaciones se destinan a 15 mercados distintos– le han concedido al país una estabilidad envidiable, que llevó incluso a que la revista británica ‘The Economist’ lo destacara como el país del año en el 2013.

Además, la llegada de José Mujica al poder en el 2010 le dio a Uruguay una visibilidad política que no había tenido en años anteriores, con una población cercana a los 3,5 millones de habitantes. Su austeridad y su discurso, en el que solía repetir que pobre no es el que tiene poco sino el que desea en exceso, el líder se convirtió en un referente Latinoamericano, en una especie de conciencia que hablaba en los foros internacionales sobre el cambio climático y el excesivo poder del capital. Bajo su mandato, la nación uruguaya legalizó el marcado de la marihuana adentro de sus fronteras y el aborto, dos decisiones políticas que le dieron a su periodo un muy notable  halo vanguardista.

Tanto Vázquez como Morales, terminarán su mandato en el 2020. La imagen del presidente boliviano ha sido desgastada por varios   escándalos   como el de la corrupción en el Fondo Indígena y las acusaciones por tráfico de influencias para favorecer a una de sus exparejas. A pesar de ello y de la derrota en el referendo, la figura del mandatario es una de las más fuertes de la región, así que aún tiene una oportunidad de cuatro años para pensar en cómo hacer que su proyecto reduzca la  pobreza extrema y convertir  a Bolivia en un centro energético de la región, dos de sus grandes metas.

Los plazos para el jefe de estado uruguayo también se perfilan a favor, pese a que recientemente  indicadores como el desempleo hayan aumentado: del 6,6 por ciento en 2014, pasó al 7,4 por ciento a mediados del 2015. Actualmente el instituto de opinión pública Factum, determinó que el apoyo popular al Frente Amplio es del 35 por ciento, lo que representa un retroceso de 13 puntos en relación con el 48 por ciento de los votos que obtuvo con el actual mandatario en los últimos comicios. No obstante, ese detrimento no se ha visto reflejado en el incremento de su partido rival de derecha, el Partico Colorado, lo que aún marca un buen augurio para la izquierda.

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