Michelle Bachelet (Partido Socialista) volvió al gobierno en 2014 impulsando un programa de fisonomía más izquierdista que su primera administración. Pudo hacerlo pues su popularidad la hacía la única figura que aseguraba el retorno al poder de su sector, golpeado luego de la derrota de Eduardo Frei (DC) en 2010. Dicha posición le permitió imponer una plataforma de inusitada radicalidad y sellar una alianza entre la antigua Concertación (la coalición de centroizquierda que había gobernado durante 20 años) y el Partido Comunista, dando paso a la Nueva Mayoría.
La Presidenta entregó la implementación de su programa a un gabinete dominado por figuras ajenas al establishment concertacionista y encabezado por un estrecho colaborador, Rodrigo Peñailillo (PPD), al frente del Ministerio del Interior. El poder de este era amplio, incluso respecto del titular de Hacienda (el socialista Alberto Arenas), cartera que tradicionalmente actúa como contrapeso del área política. Durante esta primera etapa, la administración se abocó a sacar adelante sus reformas usando de modo implacable su control del Congreso; un político oficialista empleó la metáfora de la “retroexcavadora” para definir el objetivo: desmontar el modelo “neoliberal”.
Sorprendentemente para el Gobierno, el contenido de sus reformas, en especial las que alteran el sistema de educación escolar y restringen el papel de los privados, empezó a ser resistido por distintos sectores, desde sostenedores de colegios hasta movimientos de padres, lo que minó su popularidad: en diciembre de 2014, la aprobación presidencial —según la prestigiosa encuesta del Centro de Estudios Públicos— era de 38%, para una Mandataria que un año antes se había impuesto con el 62% de los votos. Luego, el estallido del caso Caval —operación inmobiliaria en la que aparece involucrada su nuera— dañó la credibilidad de Bachelet, y una serie de investigaciones judiciales sobre financiamiento de campañas ha sumido a la clase política en el descrédito. En ese escenario, la Mandataria debió en mayo pasado cambiar su gabinete, nombrando un ministro de Hacienda de reconocido prestigio técnico, el PPD Rodrigo Valdés, y a un democratacristiano de talante moderado, Jorge Burgos, en Interior. Si bien introdujeron contención, el programa ha seguido adelante, incluido un controvertido proceso para dar a luz una nueva Constitución. En este período ha acrecentado su influencia el círculo de colaboradores más directos de la Mandataria, encabezado por su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte (PS).
Recientemente, Bachelet (quien terminó 2015 con una popularidad del 24%) ha dicho que la “obra gruesa” de su mandato está cumplida. 2016 mostrará si este nuevo discurso significa un cambio de rumbos.