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Un legislador de Alabama propuso que los sentenciados por agresiones sexuales paguen sus cirugías de castración.
Steve Hurst, republicano de Munford, Alabama, presentó un proyecto de ley que requeriría que los delincuentes sexuales mayores de 21 años cubran los gastos de su castración quirúrgica antes de ser liberados de la custodia estatal.
La iniciativa limitaría el procedimiento a personas condenadas por "ciertos delitos sexuales" contra víctimas de 12 años o menos.
Hurst había intentado la aprobación de una propuesta similar durante más de una década con la presentación de iniciativas casi idénticas en siete ocasiones desde 2006, la mayoría de las cuales nunca avanzaron más allá de comisiones.
Dijo que comenzó a impulsar el proyecto de ley después de que un grupo defensor de padres adoptivos visitó su despacho hace algunos años y relató una historia "horrible" de abusos.
"A menudo me he preguntado el trance que vivió el menor, física y mentalmente, y en qué condición se encuentra ahora", dijo Hurst el lunes.
Los delincuentes sexuales "han marcado a esos niños para el resto de sus vidas. Los menores jamás superarán lo vivido. Y si ellos han marcado a niños para el resto de su vidas, deben quedar marcados para el resto de sus vidas".
En 2005, Hurst había accedido a eliminar el requisito de la castración de una propuesta legislativa que establecía sentencias más severas para los delincuentes sexuales.
En aquel entonces, varios miembros de la Cámara de Representantes dijeron a The Associated Press que temían que el término castración hiciera inconstitucional el proyecto de ley.
En 2011, Hurst fue coautor de una propuesta que catalogaba el abuso sexual contra una víctima de 6 años o menos como un delito capital, lo que permitía a los tribunales sentenciar al infractor a prisión perpetua sin posibilidades de acceder a la libertad condicional.
Varios estados tienen en vigencia leyes que prevén la castración química o la castración quirúrgica voluntaria, aunque se desconoce qué tan a menudo se aplican los procedimientos. Ningún estado tiene vigente leyes obligatorias de castración química.
En la castración química, los infractores sexuales reciben con regularidad inyecciones de una sustancia que les baja la testosterona a niveles previos a la pubertad y les reduce la libido.
Diversos grupos de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) afirman que la castración es un "castigo cruel e inusual".
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