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El pasado 22 de febrero, Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, dirigió un mensaje personal a sus empleados de la misma forma en que un general habla a sus hombres antes de entrar en el campo de batalla: “Como individuos y como compañía no tenemos tolerancia, ni asomo de simpatía hacia los terroristas”, dijo en alusión a Syed Farook y Tashfeen Malik, el matrimonio simpatizante de la organización terrorista Estado Islámico (EI) que ejecutó a 14 personas en la ciudad de San Bernardino, en diciembre.
“Sin embargo —prosiguió—, lo que está en juego en la lucha que libramos contra el FBI es la seguridad y la privacidad de millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos. Si cedemos, esto sentaría un peligroso precedente que pondría en riesgo las libertades civiles de todo mundo”, advirtió.
El mensaje de Cook ha resonado dentro y fuera de EU. Las amenazas de demandas contra Apple, las detenciones de altos ejecutivos de empresas como Facebook en Brasil por negarse a facilitar los datos de un usuario de WhatsApp acusado de pertenecer a una red de narcotráfico, el inicio de investigaciones contra Facebook en Alemania por la recopilación de datos personales de sus usuarios a gran escala son sólo el comienzo de una difícil batalla.
En el caso de Brasil, Diego Dzodan, el más alto ejecutivo de Facebook en Latinoamérica, fue liberado tras pasar una noche bajo arresto, acusado de negarse reiteradamente a cumplir una orden de cooperar con una investigación de narcotráfico y crimen organizado. La compañía, afirman las autoridades, ha ignorado pedidos de entregar información de usuarios del servicio de mensajes Whats- App, adquirido por Facebook en 2014.
WhatsApp argumenta que no puede entregar información que no posee, porque no guarda las conversaciones de los usuarios. El presidente del Instituto Brasileño de Derecho Digital, el fiscal Frederico Ceroy, sostiene que el Poder Judicial no está pidiendo el contenido de los mensajes intercambiados, sino los datos sobre la localización y la identificación de los sospechosos de narcotráfico. “WhatsApp está totalmente equivocado y va contra el marco civil de internet”, señaló. “Facebook ha ido a contramano de lo que hacen otros proveedores como Google y Hotmail. No se trata de una discusión sobre privacidad o libertad, y sí sobre seguridad, porque tenemos en marcha investigaciones sobre crimen organizado, tráfico de drogas y pedofilia”, agregó.
Contra los excesos
En Alemania, el caso es distinto. La Oficina Federal de Competencia (OFC) investiga si Facebook abusa de su posición dominante de mercado con las condiciones de uso de los datos personales de sus usuarios que hace firmar a sus clientes. El argumento es que la red recaba una gran cantidad de esos datos y permite a sus clientes publicitarios accesar a perfiles de usuarios según sus características. El presidente de la OFC, Andreas Mundt, busca establecer “si los consumidores son suficientemente informados sobre la forma y amplitud de la recopilación de datos”.
En Francia, la Asamblea Nacional busca imponer multas de 350 mil euros y cinco años de cárcel a las empresas de telefonía privadas que se nieguen a facilitar a las autoridades judiciales datos codificados en dispositivos creados por ellas. La medida, que aún es objeto de evaluación, se da luego de que investigadores externaran su frustración porque hay una decena de teléfonos móviles de sospechosos de terrorismo a cuyo contenido no pueden acceder por estar codificado. Los ataques terroristas de noviembre pasado en París han acrecentado los temores al terrorismo y las autoridades buscan prevenir nuevos atentados, pero las compañías telefónicas se defienden señalando que deben proteger la seguridad de los usuarios.
Los argumentos son los mismos que resuenan en EU, en lo que se ha convertido en una guerra a dos bandas: quienes alegan que requieren de la información que hay en las redes, teléfonos y demás para poder frustrar actos criminales, conspiraciones terroristas o para recabar pruebas contra sospechosos de terrorismo, y quienes defienden la importancia de salvaguardar la privacidad de millones de ciudadanos en todo el mundo.
En esta guerra, nadie está dispuesto a ceder. “Una cosa es cooperar con la justicia y otra ayudar a hackear la información o los teléfonos o computadoras de nuestros clientes”, razonó Sundar Pichai, presidente ejecutivo de Google. A esta posición se han sumado en los últimos días las empresas Facebook y Twitter.
El riesgo, advierten, es crear una llave maestra que se convierta en la “heramienta perfecta” para espiar a todos a través de las nuevas tecnologías con tan sólo un click.
El recelo de las firmas de tecnología, y de los usuarios, es justificado. Desde las revelaciones del ex analista de la Agencia Central de Inteligencia, Edward Snowden, sobre el espionaje masivo emprendido por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), “nadie quiere escuchar de la creación de una puerta trasera”, esto es, de tecnologías que permitan acceder a la información de los teléfonos, aseguró a EL UNIVERSAL un ejecutivo de Apple enterado del enfrentamiento de la empresa con el gobierno y quien pidió permanecer en el anonimato.
“No haremos el trabajo sucio”
“No vamos a hacerle el trabajo sucio al gobierno. Crearía un precedente muy peligroso que además nos dejaría a merced de los hackers”, añadió. La disputa se resolverá en la Suprema Corte de Justicia.
Ted Olson, abogado que representa a la empresa Apple, cree que la exigencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI), respaldada por la juez federal de California Sheri Pym, para que desarrolle un nuevo software que le permita desencriptar el iPhone que utilizó Syed Farook, responsable de la masacre en San Bernardino, en diciembre pasado, excede en mucho a lo que permite la ley.
“A un propietario que alquila viviendas se le puede pedir que desbloquee una puerta. Pero no se le puede pedir que construya una nueva puerta de acceso”, dijo Olson en una entrevista concedida hace unos días a la radio pública NPR. “Además, existen varios jueces en la lista de espera con la misma petición. Por ejemplo, un juez de Manhattan dice que tiene 175 iPhones que podrían ser desbloqueados con el programa que cree de forma voluntaria Apple para proseguir con casos que nada tienen que ver con actos terroristas”, añadió.
Pero el director del FBI, James Comey, alegó que se trata de un caso específico de terroristas a cuyas comunicaciones no puede acceder y que resultan clave. El que Apple se niegue a cooperar, dijo, tiene implicaciones graves. Los investigadores, explicó, “cada vez pueden leer menos” las comunicaciones de “terroristas, delincuentes, pedófilos y gente malvada” que sabe que sus informaciones están protegidas.
En el pasado, Apple ha colaborado en al menos 70 casos con la justicia para extraer información de iPhones de versiones más antiguas. Sin embargo, en este caso, el teléfono en cuestión es un iPhone con el más avanzado sistema operativo iOS 9, que carece de la llamada puerta trasera para acceder a su contenido.
Apenas el lunes pasado, por un caso totalmente distinto al de San Bernardino, una juez federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, resolvió que Apple no puede ser obligada a desencriptar un iPhone. Curiosamente, la juez basó su fallo en el Acta de Todos los Escritos (All Writs Act, 1789), la misma que ha sido invocada por la juez de California que busca que Apple entregue al gobierno la información que solicita sobre Farook y Malik. El estatuto permite a las cortes federales emitir órdenes judiciales para obligar a individuos o empresas a colaborar en una investigación, siempre que los mandatos estén amparados por la ley.
Durante varios años, el gobierno de EU ha trabajado de la mano de sus expertos en informática para crear una especie de “llave maestra” capaz de penetrar en cada sistema operativo o en cualquier aparato o dispositivo de comunicación. La misión ha naufragado ante las resistencias de quienes en el Poder Legislativo lo ven no sólo como una amenaza contra la privacidad, sino como un arma de doble filo que permitiría a los hackers que operan desde países como China, Rusia o Corea del Norte infiltrarse en los sistemas y computadoras de agencias federales. Los intentos en este sentido, hoy por hoy, superan los 250 mil por hora; es decir, unos 6 millones de ataques por día.
¿Quién ganará esta guerra entre privacidad y seguridad? “Aún es muy pronto para saberlo y creo que estamos en el inicio de un proceso largo e intenso”, señaló Orín Kerr, abogado experto en crimen y tecnologías software que ha trabajado y colabora con el Departamento de Justicia.
