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Una investigación abierta hace dos años contra cambistas acusados de lavado de dinero se ha convertido en una bola de nieve en Brasil, ha salpicado a veinte de las mayores empresas del país y medio centenar de políticos y ahora puso en jaque al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La investigación fue abierta por la Policía Federal en marzo de 2014 y fue bautizada "Lava Jato", como en Brasil se conocen los servicios de lavado a chorro de los automóviles, debido a que los primeros lugares allanados fueron gasolineras que los cambistas usaban como tapaderas para el lavado de dinero.
Pero Sergio Moro, un juez federal de la ciudad de Curitiba hasta entonces desconocido y que hoy es uno de los personajes más reputados y polémicos del país, descubrió que el dinero blanqueado en los lavaderos de autos provenía de desvíos de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil.
A partir de ese momento, la Lava Jato se convirtió en "la mayor investigación contra la corrupción y el lavado de dinero realizada en la historia de Brasil", como la describe la propia Fiscalía en la página en internet que montó para dar informaciones sobre el caso.
La propia Petrobras asegura que los desvíos descubiertos sumaron en diez años unos 2.000 millones de dólares, pero la Fiscalía calcula que pueden ser mayores, ya que, por sus cálculos, la red de corrupción desvió entre el 1 % y el 5 % de cada contrato firmado por la estatal entre 2004 y 2014.
Según los fiscales, un "cartel" de una veintena de empresas que incluye las mayores constructoras y contratistas de obras públicas de Brasil, entre las cuales multinacionales como Camargo Correa, Odebrecht y Andrade Gutierres, se repartía entre sí todos los contratos de Petrobras.
Las constructoras sobrevaloraron los contratos con la complicidad de directores de la estatal, varios de los cuales ya fueron condenados y colaboran con las investigaciones, y repartieron los excedentes entre los funcionarios sobornados y decenas de políticos que amparaban las corruptelas, alega la Fiscalía.
Entre los políticos implicados figura medio centenar con foro privilegiado, que salieron del ámbito del juez Moro para el de la Corte Suprema, incluyendo los actuales presidentes del Senado, Renan Calheiros, y la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
La Corte Suprema aceptó esta misma semana las acusaciones contra Cunha y lo convirtió en el primer presidente de la Cámara baja de Brasil sometido a un proceso penal en pleno ejercicio de su mandato.
La lista de beneficiarios incluye a parlamentarios de numerosos partidos, incluso de la oposición, pero salpica principalmente a los oficialistas y de manera directa al Partido de los Trabajadores (PT), la formación que Lula ayudó a fundar y a la que también pertenece la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Entre los políticos ya condenados en el marco de la operación Lava Jato destacan el extesorero del PT Joao Vaccari y el exministro José Dirceu, que presidió la formación oficialista durante varios años y llegó a ser la mano derecha de Lula en la Presidencia.
Gran parte de las pruebas para deshilvanar la gigantesca red de corrupción ha sido aportada por varios de los investigados, que aceptaron acuerdos con la justicia para colaborar y delatar a sus cómplices a cambio de reducciones de penas.
Entre los principales delatores figuran Paulo Roberto Costa, que fue director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012; Renato Duque, que comandó la dirección de Servicios de la estatal entre 2003 y 2012; y Néstor Cerveró, responsable por el área Internacional de la petrolera entre 2003 y 2008.
A la lista de delatores se sumó esta semana el exjefe del grupo oficialista en el Senado brasileño Delcidio Amaral, cuyas denuncias, según versiones de prensa, colocaron en el centro del escándalo a Rousseff y a Lula, su antecesor y padrino político.
Según el semanario Istoé, que asegura haber tenido acceso a las declaraciones de Amaral, el senador acusó tanto a Rousseff como a Lula de tener conocimiento de la corrupción en Petrobras y de intentar ocultarla con maniobras en la justicia.
Cuando aún repercutían en el país como un gigantesco escándalo las acusaciones de Amaral, la bola de nieve terminó alcanzando plenamente a Lula, que hoy fue conducido a la fuerza a una comisaría para declarar sobre sus implicaciones en el escándalo de Petrobras y cuyas propiedades fueron objeto de allanamientos.
Según la Fiscalía, hay indicios "bastante significativos" de que Lula recibió beneficios de las cinco empresas más implicadas en los desvíos de Petrobras.
Los fiscales aseguran que el Instituto Lula, presidido por el exmandatario, recibió en los últimos años cerca de 20 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en donaciones de las cinco empresas más implicadas en los desvíos en Petrobras, que también le pagaron 10 millones de reales (unos 2,5 millones de dólares) al expresidente por dictar conferencias.
