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El líder opositor venezolano Leopoldo López fue trasladado el miércoles a un hospital para un chequeo médico, informó su abogado.
López, quien está recluido desde hace 25 meses en la cárcel militar de Ramo Verde, fue llevado a un hospital militar del oeste de Caracas debido a que tiene una afección en la vista y en los últimos días ha presentado una constante tos, indicó a The Associated Press su abogado Juan Carlos Gutiérrez.
Lilian Tintori, esposa del líder opositor, confirmó que la noche de este martes López fue sacado de prisión para trasladarlo al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo para realizar controles de salud.
Tintori condenó que la acción fuera ejecutada sin autorización de familiares y abogados.
La activista informó a la prensa que logró comunicarse con el defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, quien informó que el líder opositor se encuentra en buen estado y de vuelta en prisión.
"Leopoldo está bien, fue trasladado para hacerle exámenes de control. Lo que le hacen a las familias de los presos políticos en Ramo Verde es una tortura constante", dijo.
Condenó que, según su experiencia, a los presos políticos no los atienden como se debe "y cuando lo hacen, lo hacen de forma irregular".
"¿Qué necesidad hay para hacer a uno pasar por angustias de no saber dónde está Leopoldo?", cuestionó la activista, agregando que ella, conjuntamente con todos los familiares del líder político, estuvieron horas sin saber del paradero de su esposo.
El líder opositor, de 44 años, fue condenado en septiembre del año pasado a casi 14 años de cárcel por promover violentas protestas en la capital en febrero de 2014 que dejaron tres muertos y decenas de heridos. López permanece recluido desde febrero de ese año en Ramo Verde.
La mayoría opositora del Congreso aprobó la noche del martes, sin el apoyo del oficialismo, una ley de amnistía y reconciliación que busca la liberación de López y de varias decenas de opositores.
El texto de la ley, que es rechazado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, contempla una amnistía para los llamados "presos y perseguidos políticos" de los últimos 17 años y que, según estimaciones de activistas de derechos humanos, podría llegar a beneficiar a más de 5.000 personas.
Maduro descartó la noche del martes que vaya a promulgar la ley, pero la mayoría opositora sostuvo que cuenta con el respaldo legal para llevarla adelante sin el apoyo del mandatario.
"Tengan la seguridad que esa ley por aquí (el Ejecutivo) no pasa. (Que) lo sepa la derecha nacional e internacional, leyes para amparar a terroristas y criminales no pasarán. Hagan lo que hagan", dijo Maduro al rechazar la legislación.
Algunos analistas estiman que ante el abierto enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno la ley podría enfrentar muchas dificultades y limitaciones para que los tribunales y jueces puedan cumplirla.
*Con información de El Nacional - Venezuela / GDA
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