Más Información
El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, rompió ayer con el gobierno de Dilma Rousseff y dejó a la mandataria aún más sola frente a un posible juicio con miras a su destitución.
“A partir de esta reunión histórica, el PMDB se retira de la base del gobierno. La decisión está tomada. Viva Brasil”, declaró el vicepresidente del partido, Romero Jucá, tras una reunión de la dirección nacional en la que, por unanimidad, se acordó abandonar el gobierno.
La decisión significa que seis de sus miembros que hacen parte del gabinete de la administración, así como 600 empleados federales, deben renunciar a sus cargos. “Nadie en el país tiene la autorización para tener un cargo en el gobierno federal a nombre del PMDB”, afirmó Jucá.
La sesión partidista terminó entre cánticos y llamados a que termine el mandato de Rousseff, miembro del Partido de los Trabajadores, o PT, y para que Temer asuma las riendas del poder si se inicia un juicio político en contra la mandataria por presuntamente violar normas fiscales. La presidenta necesita del apoyo de 171 miembros del Congreso —o un tercio de la Cámara Baja— para bloquear el juicio político.
Incluyendo aliados como el Partido Progresista (PP), el Partido Republicano y el Partido Social Demócrata, el gobierno podría sumar 180 votos. Sin embargo, el PP se reunirá hoy para decidir si abandona la coalición gubernamental.
“La salida del PMDB, el principal aliado de la presidenta Dilma, representa el final de una coalición de gobierno y aumenta el chance de que sea enjuiciada pues ahora su partido es minoría en el Congreso”, dijo Carlos Pereira, profesor de la Fundación Getulio Vargas, una de las más importantes universidades brasileñas.
“La salida del PMDB definitivamente va a alentar a otros partidos pequeños a seguir su ejemplo y dejar la coalición de gobierno, lo que pondrá al gobierno de Dilma es una situación de
aislamiento político”, agregó.
Los partidarios de Rousseff dicen que el juicio político es un intento de la oposición por tomar el poder. “La ley y la Constitución establecen que para destituir a un presidente debe haberse tipificado un delito fiscal y acá no hay delito configurado”, dijo Afonso Florence, líder del PT. “Es por eso que el juicio político es un golpe de Estado”, agregó.
Rousseff, quien canceló su viaje a la cumbre de seguridad nuclear en Wa-
shington por la crisis política, iniciará negociaciones para una reforma de su gabinete. “Vamos a conversar con otros partidos de la base” oficialista, dijo a periodistas el jefe de gabinete de Rou-
sseff, Jaques Wagner.
El jefe de gabinete insistió en que el cargo de ministro de la presidencia no está vacante, ya que Rousseff designó para ese puesto a su antecesor y mentor político Luiz Inacio Lula da Silva, aunque su nombramiento está suspendido por decisión judicial.
Se prevé que la Corte se pronuncie este jueves sobre la situación de Lula, de quien se sospecha fue nombrado en el cargo para blindarlo con fueros privilegiados frente a los procesos en que se le investiga por supuesta corrupción.
