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El asesinato hoy de la líder indígena hondureña Berta Cáceres generó el repudio de activistas, organismos humanitarios y Gobiernos, así como reclamos de justicia y críticas a las autoridades de Honduras, que han asegurado que ese "horrendo" crimen no quedará en la impunidad.
Cáceres, de 45 años y madre de cuatro hijos, fue asesinada este jueves en su casa en la occidental ciudad de La Esperanza, al parecer por dos hombres armados, según la información preliminar.
La organización no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con base en Costa Rica, condenó el crimen y aseguró que el Estado hondureño no proporcionó a Cáceres la protección adecuada.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), gozaba de medidas cautelares de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque el Gobierno hondureño dijo este jueves que la activista en principio había aceptado dicha seguridad pero luego pidió que fuera suspendida.
"Desde Cejil desmentimos que Berta Cáceres renunciara a las medidas de protección y resaltamos la deficiente protección que se le brindó, tal y como se ha podido comprobar con este desenlace", indicó el Cejil en un comunicado.
En Panamá, el coordinador nacional del Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso), Ronaldo Ortiz, acusó al Gobierno de Honduras de no haber protegido a la líder indígena y ambientalista.
"Es algo que ya se sabía, ya se había anunciado que iba a pasar. La dirigente Cáceres, semanas atrás, anunció que estaba siendo amenazada de muerte y el Gobierno de Honduras no quiso darle una respuesta efectiva", dijo Ortiz a Efe.
La no gubernamental Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) de El Salvador también repudió la "negligencia del Estado" hondureño, y exigió al Gobierno de Honduras "crear mecanismos efectivos que garanticen la seguridad de los dirigentes indígenas".
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo a Efe que el crimen de Cáceres era "un claro ataque a los líderes de derechos humanos" en el país, y un "desafío a las estructuras internacionales de protección de derechos humanos".
"Mientras no se logre demostrar lo contrario, su muerte es un asesinato político", expresó Oliva.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Guatemala, condenó "enérgicamente" el asesinato de la ambientalista, dijo que el mismo afectaba "al movimiento de derechos humanos en toda la región", y tildó de "imprescindible que este crimen no quede en la impunidad".
En Managua, representantes de 16 organizaciones feministas, indígenas y de medioambiente se manifestaron este jueves frente a la embajada de Honduras en Nicaragua para exigir justicia al Gobierno de ese país por el asesinato de la líder indígena lenca.
"Nos hacemos presentes ante la embajada para exigir justicia para Berta y para la larga lista de compañeras y compañeros que han muerto por decir la verdad y denunciar las injusticias del gran capital y sus aliados gubernamentales", señalaron los activistas en un pronunciamiento dirigido al mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández.
El embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, condenó "fuertemente el repudiable crimen" de Cáceres, y ofreció "todos los recursos" del Gobierno de su país "para apoyar los esfuerzos para llevar a estos criminales ante la Justicia" hondureña.
El presidente hondureño dijo este jueves que el asesinato de Cáceres es "un crimen contra Honduras", y aseguró que no quedará impune.
"Para nosotros es un crimen contra Honduras (...). El mensaje del Estado de Honduras debe ser contundente y que esto no va quedar impune", dijo el gobernante en una comparecencia en la Casa Presidencial, acompañado de sus más cercanos colaboradores.
Aseveró que las investigaciones para esclarecer el crimen "están en curso y se fortalecerán en la dimensión que sea necesaria", y que ha ordenado la activación de la Unidad de Delitos Violentos, que trabajará "en coordinación con el apoyo de Estados Unidos".
El crimen de Cáceres ha generado consternación en Honduras. El cuerpo de la activista fue trasladado este mismo jueves en helicóptero a la morgue de Tegucigalpa, donde se apostaron decenas de defensores de derechos humanos para exigir justicia.
Por su lucha en defensa de los recursos naturales en el occidente de Honduras, Cáceres, miembro de la etnia lenca, recibió en 2015 el Premio Medioambiental Goldman.
Cáceres se opuso siempre a los proyectos hidroeléctricos en la región occidental del país, porque en su opinión atentaban contra los recursos naturales.
ahd
