Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil dijo que un juez de un tribunal inferior cometió un error al difundir llamadas telefónicas de Luiz Inácio Lula da Silva que fueron grabadas, y lo retiró al menos temporalmente de cualquier investigación sobre el otrora mandatario.
El fallo emitido el martes por Teori Zavascki constituye una victoria para Lula, aunque no le autoriza convertirse en jefe del gabinete de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff. Ese cargo dificultaría aún más investigar al exmandatario por posibles actos de corrupción.
Zavascki dijo que el juez Sergio Moro, que supervisa una pesquisa en gran escala sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras, no debió haber difundido las conversaciones grabadas. El magistrado coincidió con el argumento del gobierno de que el proceder del juez Moro había puesto en peligro la seguridad nacional.
Zavascki ordenó que las grabaciones fueran puestas bajo resguardo total y retiró temporalmente a Moro de la investigación.
La decisión implica que Moro ya no tiene las facultades para ordenar la detención provisional de Lula por presunto lavado de dinero ni tráfico de influencias en relación con los problemas detectados en Petrobras. El expresidente niega haber incurrido en alguna irregularidad.
Los rumores de que Lula sería nombrado a un cargo de gabinete salieron a la luz después de que Moro ordenara que lo presentaran para interrogarlo a principios de mes en torno a la pesquisa sobre corrupción.
El exmandatario fue nombrado la semana pasada jefe del gabinete de Rousseff, una decisión que los detractores describieron como un intento para proteger a Lula de las penurias judiciales que afronta. De acuerdo con las leyes brasileñas, la Corte Suprema debe autorizar cualquier investigación dirigida contra legisladores y ministros del gabinete.
Poco después de que se frustrara el nombramiento de Lula, Moro difundió las grabaciones, proceder que suscitó las críticas de Roussef y miembros de su gobierno, quienes insisten en que el juez no actuó imparcialmente.
Moro se había convertido en un símbolo de la lucha para erradicar la corrupción, y había adquirido gran fama entre gran parte de los brasileños. Su decisión de difundir las grabaciones dejó pasmados a muchos, y ese proceder es visto ampliamente como un factor que empañó su reputación.
En sus documentos, Moro dijo que las conversaciones telefónicas parecían sugerir intentos para influir en funcionarios de alto rango a favor de Lula, y agregó que el público tiene el derecho a "saber lo que sus funcionarios hacen, incluso cuando intentan actuar al amparo de la sombra".
Zavascki no estuvo de acuerdo, y señaló que el argumento de que Moro había actuado en interés público era "inapropiado". En su fallo, Zavascki puso en duda la decisión de Moro de difundir la comunicación telefónica de Lula con figuras públicas de alto rango que por su investidura tienen inmunidad frente a la ley. Le dio al juez 10 días para que explique su proceder ante la Corte Suprema.
"En este momento, debe reconocerse que son irreversibles las consecuencias prácticas resultantes de la difusión indebida de las llamadas interceptadas", señaló Zavascki.
Rousseff elogió la decisión y la calificó de "importante", al tiempo que declaró a la prensa que el fallo "estableció la primacía del derecho".
La decisión representó una inusual victoria para el gobierno en la actual batalla jurídica sobre si Lula puede convertirse en jefe de gabinete. No se espera una decisión definitiva sino hasta la semana entrante, cuando la Corte Suprema reanude sus sesiones después de la Semana Santa.
Uno de los principales colaboradores de Rousseff, Jaques Wagner, dijo el miércoles que la presidenta podría de momento nombrar al exmandatario "asesor especial".
"Si la Corte Suprema no desbloquea el nombramiento, en lo personal yo estoy a favor de que se le designe asesor especial de la presidenta", declaró Wagner a la prensa.
Ese cargo al parecer no está protegido por el fuero que poseen los miembros del gabinete, y Wagner subrayó que ese no era el objetivo del nombramiento inicial de Lula. Dijo que él había sido traído al gobierno para apuntalar la frágil posición de Rousseff.
La presidenta impugna en el Congreso un procedimiento para destituirla mediante juicio político derivado de las acusaciones de que su gobierno infringió normas fiscales.
Wagner también dijo que el ministro de Deportes, George Hilton, había presentado su renuncia en momentos en que faltan cinco meses para la realización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El ministerio de Deportes dijo que no está en condición de confirmar la renuncia.
Por otra parte, en los sucesos más recientes dentro de la investigación sobre Petrobras, la policía federal presentó las acusaciones preliminares contra ocho personas, entre ellas un experto en promoción política que ayudó a Rousseff a ganar las elecciones en 2010 y 2014.
Entre las acusaciones contra el estratega de campaña Joao Santana y su esposa figuran lavar dinero y participar en una asociación delictuosa. La fiscalía debe decidir ahora si acepta los cargos.
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