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Familiares de Gustavo Castro Soto denunciaron que el proceso judicial del gobierno de Honduras por el homicidio de Bertha Cáceres se caracteriza "por la violación de los derechos humanos y garantías procesales en contra" del activista residente en Chiapas.
Aseguraron que el ambientalista ha sido sujeto a "largas jornadas de espera" para la práctica de diligencias de investigación, durante las cuales no ha tenido el reposo y descanso necesario; tampoco ha tenido acceso a fotocopias de todas las diligencias y ha carecido de asistencia médica y sicológica como "víctima de un delito grave"
Agregaron que le fueron retenidas sus pertenencias y "sobre todo la prohibición de salir del país, medida que la propia jueza del caso Victorina Flores, reconoce en su resolución como no prevista para testigos”.
En un comunicado, familiares de Castro Soto, de la fallecida Bertha Cáceres así como del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), expusieron que la jueza Flores del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, Intibucá, resolvió el jueves “negar el recurso de reposición interpuesto contra la prohibición de que Castro Soto salga del país por 30 días”.
La jueza argumenta que el activista incumplió un citatorio aunque realmente no lorecibió, argumentan en el documento, cuando se suscitó el incidente del aeropuerto. Es decir, negarle a Castro Soto la salida del país puesto que “las autoridades policiales y fiscales se limitaron a impedir su salida sin hacerle entrega alguna de citación”.
Al igual, precisaron, que dicha autoridad judicial aduce que Gustavo Castro incurrió en el delito de desobediencia y que, incluso, pudo haber una orden de captura en su contra.
“Las irregularidades cometidas se suman a las del proceso general de investigación administrativa y judicial que se ha realizado en el esclarecimiento del asesinato de Bertha Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro”, dijeron.
Expresaron temor de que con tales indicios la jueza Flores "esté predispuesta para fincar responsabilidades penales a Gustavo Castro, víctima, testigo y defensor de derechos humanos”.
Afirmaron que las actuaciones de la Fiscalía y del Juzgado dejan indefensas a las víctimas y testigos.
"Limitándose documentación fundamental para su representación en el proceso como la copia de todas las diligencias en las que han participado y al constituir una práctica inhibitoria para el ejercicio de la representación legal por cualquier abogado que quiera representarlas”, explicaron.
Los familiares consideraron que la embajada de México en Honduras, “debe redoblar los esfuerzos para restituir los derechos de Castro, proteger su integridad física y sicológica, de acuerdo con los estándares más altos de derechos humanos ante una detención ilegal en Honduras y el peligro de su criminalización”.
