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Washington.— La poderosa central sindical AFL-CIO, la coalición más importante de Estados Unidos, se sumó ayer a la causa de aproximadamente 5 millones de indocumentados al solicitar a la Corte Suprema de Justicia validar las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama que aspirantes del partido republicano como Donald Trump y Ted Cruz han prometido cancelar.
A la petición de la AFLO-CIO se unió también una coalición de 24 organizaciones religiosas y miembros del Senado que incluyen a Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey.
El próximo 18 de abril, todas las partes involucradas en la demanda United States vs Texas deberán comparecer en una audiencia frente a los jueces del Tribunal Supremo de la Nación para presentar sus argumentos legales. La reciente muerte del juez Anthony Scalia ha reducido a ocho el número de magistrados que revisarán el caso.
“En momentos en que los trabajadores inmigrantes enfrentan ataques cada vez más duros y peligrosos por parte de políticos racistas e intolerantes, el movimiento obrero rechaza los intentos por dividirnos”, aseguró ayer el presidente de la central sindical, Richard Trumka. En el documento “Amigos de la Corte”, el sindicato considera como “incorrecta” la decisión de la Quinta Corte de Apelaciones de Nueva Orleáns.
En noviembre pasado, esta instancia judicial reafirmó su decisión de bloquear los programas de Acción Diferida (DACA), que busca evitar la deportación de millones de jóvenes indocumentados que llegaron a EU siendo niños, y DAPA, enfocada en los padres indocumentados de hijos con ciudadanía o permiso de residencia.
“La Corte (Suprema) debe revertir el dictamen de la corte de apelaciones”, consideró el documento firmado por los abogados Lynn Rhinehart, Harold Becker y Matthew Ginsburg.
La AFL-CIO considera como insuficientes los alegatos presentados en su momento por el juez de Texas, Andrew Hanen, al que decidieron sumarse 26 estados bajo control republicano.
El argumento sobre la legalidad y el costo que implica la emisión de licencias en Texas para los inmigrantes indocumentados ha sido uno de los puntos en disputa. Este argumento ha sido rebatido por organizaciones como el Center For American Progress (CAP), que dio a conocer en junio de 2015 un estudio sobre el impacto a largo plazo de los programas DACA y DAPA. Según sus proyecciones, la expansión de ambos programas que ha defendido la administración Obama impactará positivamente a la economía con un beneficio de hasta 230 mil millones de dólares en los próximos 10 años.
Apenas esta semana 225 legisladores demócratas se solidarizaron con Obama y consideraron que las acciones presidenciales son legales y apropiadas. Los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton y Bernie Sanders, se han comprometido a mantener y expandir dichos programas de alivio migratorio. Desde las filas republicanas, tanto Donald Trump como Ted Cruz han prometido “rescindir” y cancelar de forma inmediata los programas de DACA y DAPA.
“Lo interesante de la decisión de la Suprema Corte es que si la mayoría de los magistrados, es decir cinco, votan a favor de las órdenes ejecutivas, se producirá una corriente de empoderamiento en beneficio de millones de personas”, consideró Tom Jawetz, del Center For American Progress (CAP). “Por eso es interesante que los demócratas favorezcan estas medidas, mientras que los republicanos se sigan manifestando en contra”, añadió.
A la espera de la decisión que tome la Suprema Corte, posiblemente en junio de este año, miles de personas afectadas viven con la esperanza puesta en una victoria demócrata en noviembre próximo que garantice el carácter irreversible de los programas.
