París.— La reforma a la Constitución francesa anunciada por el presidente de la República, François Hollande, tras los atentados del pasado 13 de noviembre, abrió ayer su tramitación parlamentaria con incertidumbre sobre su aprobación, ante la polémica desatada en la izquierda y derecha políticas del país por la intención de retirar la nacionalidad a los condenados por terrorismo y el proyecto de inscribir en la Carta Magna el estado de emergencia.
“Uno de los planes terroristas frustrados pudo evitarse gracias a un registro en el marco del estado de emergencia”, afirmó el primer ministro galo, Manuel Valls, al iniciarse el debate en la Asamblea Nacional. El gobierno quiere extender el estado de emergencia, que está en vigor hasta fines de febrero. La Asamblea votará el 16 de febrero si aprueba prolongar la medida por otros tres meses.
Según Valls, durante los tres meses de aplicación del estado de emergencia se realizaron en total de 3 mil 289 registros domiciliarios sin orden judicial. Durante estas requisas fueron detenidas 341 personas y las autoridades se incautaron 560 armas, 42 de ellas de gran tamaño. Además, se abrieron 571 procedimientos y 407 personas fueron puestas bajo arresto domiciliario. El jefe de gobierno agregó que además se cerraron varias mezquitas y salas de oración bajo influencia radical.
Organizaciones de derechos civiles, como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW), acusan al gobierno de actuar de manera desproporcionada tras los atentados que el pasado noviembre dejaron 130 muertos en París. Las acciones apenas condujeron a iniciar investigaciones por sospecha de terrorismo. Hasta principios de enero sólo fueron cuatro casos, señalan los opositores a estas medidas excepcionales del gobierno francés.
El proyecto incluye una enésima versión de la retirada de la nacionalidad, una medida que se considera, ante todo, simbólica y con dudosos efectos prácticos para hacer disminuir la amenaza yihadista.
Valls aseguró que su objetivo es “muy concreto: expulsar de forma duradera de nuestro territorio a individuos peligrosos que constituyen una amenaza demostrada”. “Es la respuesta colectiva de los franceses frente a otros franceses que han decidido atentar gravemente contra la vida de la nación; un gesto que marca la unión de todos los que respetan el pacto republicano contra los que lo rompen. No es una forma de separar, sino, al contrario, de afirmar lo que nos une”, dijo.
Ese argumento de la unidad fue el que hizo valer Hollande cuando el 16 de noviembre, sólo tres días después de los atentados, lanzó ante diputados y senadores reunidos excepcionalmente en Versalles la idea de una reforma constitucional para hacer la “guerra” al terrorismo.
De acuerdo con el proyecto, en la Constitución no se hará ninguna alusión a que esa sanción sólo se podrá aplicar a los binacionales y será no una autoridad administrativa, sino un juez, el que la pronuncie como una pe-
na complementaria. Paralelamente, Francia ratificará la convención internacional para no crear apátridas, lo que en la práctica significa que no se retirará la nacionalidad francesa a los que no tengan otra.