Devaluación, eliminación del control de cambios, aumento de tarifas, quita de impuestos a exportadores y reducción del Estado podrían enumerarse como las medidas de mayor impacto del gobierno de Mauricio Macri, que pese a haber tomado medidas poco populares tiene una aprobación alta a sus casi dos meses como nuevo presidente argentino.
Las encuestas coinciden en señalar que el mandatario, que asumió el 10 de diciembre, acumula una imagen positiva de entre 59% y 67% tras haber ganado las elecciones por un escaso margen en la segunda vuelta electoral frente al oficialista Daniel Scioli.
En el plano internacional, Macri celebró que Argentina “volvió a hablar con el mundo” con su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, donde no iba un jefe de Estado argentino desde hace más de 10 años.
Argentina apura además en estos días las negociaciones en Nueva York con los fondos especulativos de inversión por una deuda en cesación de pagos desde 2001 estimada en 9 mil millones de dólares.
Mientras, desde el gobierno de Macri aseguran que el mandatario se reunirá “pronto” con su par de Estados Unidos, Barack Obama. Por el momento, lo confirmado es que el presidente visitará al papa Francisco en el Vaticano el 27 de febrero.
En tanto, los analistas observan con cautela el panorama local que Macri tiene por delante, con varios frentes abiertos casi en simultáneo: desde una inflación galopante hasta la amenaza del desempleo, pasando por el narcotráfico y los conflictos sociales.
Mientras, ya hay sindicatos como el docente que reclaman 50% de recomposición salarial; esto atentaría contra el inicio de las clases en la populosa provincia de Buenos Aires.
Las expectativas para febrero no son optimistas tras el reciente aumento en la tarifa de electricidad en hasta 700%. Durante los últimos años en Argentina se pagaba por la electricidad, que estaba subsidiada, lo mismo que el valor de un café por 180 kWh por mes consumidos.
En la sociedad hubo consenso en cuanto a la actualización en los precios de la electricidad. El problema, afirman diferentes analistas, radicó en el modo de comunicar la medida: confusa e impactante para los usuarios.
Tras “una seguidilla de traspiés en los primeros 50 días de gestión”, Macri decidió armar “una mesa política para discutir preventivamente la mejor manera de instrumentar y comunicar las decisiones y decretos más conflictivos”, indicó el diario La Nación.
Macri deberá afrontar una conflictiva situación en el Parlamento cuando el 1 de marzo inicien las sesiones ordinarias ya que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y se esperan arduas negociaciones con la oposición.
Entre los anuncios traumáticos y con carencias de comunicación estuvo el despido de miles de empleados públicos. La Asociación Trabajadores del Estado, el gremio más representativo del sector, denunció que fueron echados 7 mil 800 trabajadores.
Además, el sindicato señaló que fueron despedidas 4 mil 778 personas que poco tiempo después fueron reincorporadas. Otros 2 mil 600 casos están en observación. En las calles de Buenos Aires comienzan a repetirse las manifestaciones contra los despidos.
“Macri y su administración enfrentan un dilema: cómo racionalizar la economía conservando el empleo y el salario”, analizó Eduardo Fidanza, sociólogo y director de la consultora Poliarquía, en declaraciones al diario Página/12.
“El Gobierno sabe que dispone de este año, no electoral, para hacer las correcciones que considere necesarias. Levantó el cepo (control de cambios) sin mayores consecuencias y ahora aumentó las tarifas. Mi impresión es que la cuestión clave es el empleo”, añadió Fidanza.
Por otra parte, el gobierno enfrenta un acampada en la emblemática Plaza de Mayo pidiendo la liberación de la líder social Milagro Sala —referente de la administración anterior de Cristina Fernández de Kirchner— que fue detenida a mediados de enero en un procedimiento muy cuestionado por diferentes organismos de derechos humanos.