En abril de 2015, un informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia advirtió que la masiva migración irregular de latinoamericanos, asiáticos y africanos —del sur al norte de América por vías terrestres y marítimas— controlada por redes mafiosas, acarrea “riesgos vinculados” al fundamentalismo religioso, el terrorismo y el tráfico de órganos, drogas, armas y dinero, aunado al impacto sanitario por la eventual propagación de epidemias como el ébola y el chikungunya.
En septiembre del mismo año, el gobierno de Costa Rica recibió a familiares de sirios y a miembros de la comunidad musulmana residentes en suelo costarricense y ratificó la tradición de este país de acoger a personas oriundas de Siria que estén en situación de crisis y drama humanitario por la guerra que desde 2013 estremece a esa nación.
Costa Rica recibirá “a todo aquel que requiera protección”, anunció la viceministra costarricense de Gobernación, Carmen Muñoz.
En noviembre pasado, el gobierno de Honduras arrestó a cinco sirios que intentaron ingresar al aeropuerto de Tegucigalpa con pasaportes de Grecia falsificados a su nombre, pero luego se descartó que estuvieran ligados a organizaciones terroristas de Medio Oriente, por lo que siguen en suelo hondureño en proceso de regularizar su situación migratoria.
El caso disparó las alertas regionales, en especial por el impacto de los atentados del pasado 13 de noviembre en París, entre cuyos autores había personas que llegaron al país con pasaportes sirios falsos. Los migrantes llegaron a Honduras tras hacer una escala en El Salvador y en una ruta que les llevó de Siria a Líbano, Turquía, Brasil, Argentina y Costa Rica.
“Pese al problema político, económico y religioso en Siria, no necesariamente los tildamos a todos de revoltosos o de que pertenecen a grupos extremistas en conflicto”, adujo el hondureño Amílcar Sánchez, asesor técnico en Políticas Migratorias de Migración de Honduras.
“Las personas expulsadas de ese país son neutras... Están atrapadas entre dos fuegos y lo que hacen es salir de Siria para proteger su vida y la de su familia. No se puede generalizar”, dijo Sánchez a EL UNIVERSAL.
Los ejemplos registrados en los últimos meses confirman que los países de América Latina y el Caribe carecen de un protocolo, como tal, para el tratamiento de la migración siria, que es constante aunque mínima si se compara con los números de migrantes chinos o cubanos. Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, difundida en diciembre pasado, si bien no hay un cálculo exacto de cuántos sirios han emigrado a Latinoamérica, no sobrepasan los 10 mil.
“Canadá activó en diciembre de 2015 un plan piloto para recibir a 20 mil sirios como refugiados y en 2016 aumentar a 50 mil o más”, dijo la costarricense Gabriela Richards, directora ejecutiva del (no estatal) Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, en entrevista con EL UNIVERSAL.
Tras el estallido de la guerra en Siria en 2011, Brasil, Argentina y Uruguay establecieron programas migratorios para recibir a sirios que solicitan protección humanitaria.
En cambio, “en Centroamérica, que para los sirios es un punto de tránsito en ruta a Estados Unidos, no hay ningún protocolo migratorio para ellos, puesto que las prioridades migratorias regionales son otras”, subrayó Richards.
La experta explicó que por la guerra en Siria y la existencia en ese país del grupo terrorista Estado Islámico se ha extendido la idea de que “todos los sirios son terroristas y eso tampoco es así. Los sirios migran irregularmente porque en Europa, Estados Unidos y América Latina les piden visas”.