Washington.— Apple Inc. solicitó ayer a una jueza federal revocar su orden para que la compañía ayude al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a hackear un iPhone, y acusó al gobierno estadounidense de buscar un “poder peligroso” a través de los tribunales.
La demanda representa la primera respuesta oficial de Apple desde la orden de la jueza de la semana pasada y se basa en argumentos expresados por el director ejecutivo y partidarios de la empresa. También representa el primer salvoconducto en una disputa judicial que podría sentar un importante precedente y establecer nuevos límites legales en la política entre la seguridad nacional y la privacidad digital.
“Ninguna corte ha autorizado antes lo que el gobierno pide, ninguna ley respalda un uso tan extenso e ilimitado del proceso judicial y la Constitución lo prohíbe”, afirmó Apple. La compañía advirtió en un memorándum presentado a la jueza Sheri Pym que el Departamento de Justicia propone una “interpretación ilimitada” de la ley que, de no revisarse, podría tener repercusiones desastrosas para la privacidad digital.
“El gobierno dice ‘sólo por esta ocasión’ y ‘sólo para este teléfono’. Pero el gobierno sabe que esas declaraciones no son ciertas”, escribieron los abogados de Apple. Señalan que si se obliga a Apple a construir el software que quiere el FBI, “criminales, terroristas y hackers sin duda verán en el código un gran botín y se esperaría que hicieran casi cualquier cosa por robarlo”. Se programó una audiencia para el próximo mes.
Google ya dijo que respaldará a Apple y la próxima semana presentará una moción de “amigo de la corte” para ofrecer su opinión en el caso, dijo una fuente enterada del asunto.
La disputa se volvió pública el pasado martes, cuando Pym instruyó a Apple a ayudar al FBI a acceder al teléfono utilizado por uno de los atacantes de la masacre de San Bernardino, California. Los agentes federales no han podido acceder al teléfono de Syed Farook debido a que no conocen el código de acceso.
La respuesta de Apple se produjo el mismo día en que el director de FBI, James Comey, defendiera la postura del gobierno ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Según Comey, la agencia está buscando software especializado sólo para un teléfono que es parte de una investigación por terrorismo y ello no afectará la seguridad de los productos de Apple ni sentará precedente.
La firma dice que desarrollar el software requeriría, además, de “importantes recursos”. La jueza dio a entender que el gobierno debería cubrir los gastos de Apple.